Transportistas porros en CdMx
Por José García Sánchez
El cierre de los accesos de transportistas a la Ciudad de México el jueves 2 de junio estuvo íntimamente ligada a las elecciones del domingo 5. Desde días antes se planeó la movilización o inmovilización, en corralones y encierros de los vehículos concesionados para cerrar herméticamente el acceso de Indios Verdes, es decir, el camino que conduce al estado de Hidalgo. Seguramente eso lo repetirán en las elecciones del próximo año cuando se renueve la gubernatura de esa entidad y si les sigue funcionando la impunidad, en 2024.
La estrategia continúa en crear animadversión contra la 4T, ya sea por la gente que llega de Hidalgo a la capital diariamente a trabajar o la que va de la Ciudad de México hacia el norte del país.
El parámetro engañoso de los transportistas de la Ciudad de México son las tarifas del Estado de México, en cuyas rutas hay más de 100 asaltos todos los días, y cobran el doble y hasta casi el triple por sus traslados; sin embargo, los acuerdos previos entre el gobierno de la CdMx y los concesionaros hacen de la petición de aumento a las tarifas, un absurdo.
Lo cierto es que el cierre de accesos a la Ciudad de México que sólo puede tomarse en cuenta el que va al norte, estaba ligado a las elecciones. El resto no existió o duró un par de horas, cuando mucho.
“LA PETICIÓN”
La principal petición de los transportistas es un incremento en las tarifas de cinco pesos por pasaje, lo cual superaría, en mucho el tiempo y la distancia de los precios del Estado de México, uno de los transportes públicos más caros e inseguros del país.
Sólo violentan el orden los transportistas de la Ciudad de México, porque, a pesar de que se dicen víctimas de las bajas tarifas son unos privilegiados comparados con los transportistas de otras entidades.
Desde 2020 hay un acuerdo entre los transportistas de la capital y el gobierno de la Ciudad, donde se apoya con un bono de 4 mil a 6 mil pesos mensuales por unidad, y se les acaba de aumentar 250 pesos más, por la variación del precio en la gasolina, lo cual implica 1,303 millones de pesos anuales.
Para el transportista que quiera reemplazar su unidad cuenta con un apoyo de 450 mil pesos. Además, se instalaron GPS por cuenta del gobierno capitalino en cada unidad y cámaras de video vigilancia en cada una de ellas. Por si fuera poco, se les inscribió en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se les condonaron las deudas de los pagos por trámites anuales para su regularización.
A cambio de estas ventajas los transportistas se comprometieron a lo mínimo como no tener vidrios polarizados, no manejar con exceso de velocidad, dar un trato amable, pero ni siquiera eso son capaces de hacer. La jefa de Gobierno les reitera que la mesa de negociación está abierta, pero ellos antes de debatir realizaron el cierre, en una clara actitud política.
El origen y objetivo del cierre de transportistas fue político, pero sobre todo, electoral, intentó resquebrajar la comunicación, crear inconformidad hacia la 4T, desgastar a la jefa de gobierno en su camino hacia la candidatura de Morena y así posicionar a la candidata corrupta del PRI, Carolina Viggiano.
Las trampas del bloque opositor realizadas en Tamaulipas, la quema de una camioneta a una simpatizante de Morena; en Durango, la detención de morenistas con el pretexto de estar comprando votos; o los montajes violentos en Aguascalientes para fingir que 300 morenistas se pasaban al PAN, son sólo una metáfora de lo que van a organizar en 2024, los partidos de una alianza que, incluso en los estados donde ganaron obtuvieron un menor número de votos que en su anterior elección, por el mismo número de puestos de elección popular.
Ante este panorama se requiere un Tribunal Electoral justo y un árbitro imparcial, por el momento no contamos con eso en México para desgracia de los mexicanos y de nuestra violentada democracia.
Twitter: @Josangasa3
