Las facturas pendientes de Zoé Robledo
Por Redacción Políticos al Desnudo
La falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un problema que ha atravesado distintas administraciones. Cambian los discursos y las estrategias, pero la obligación de garantizar tratamientos a los derechohabientes sigue siendo la misma. Y cuando esa obligación no se cumple, también deben señalarse las responsabilidades de quienes dirigen la institución.
Entre 2019 y 2024, el IMSS registró 19 mil 715 quejas relacionadas con la falta de medicamentos. El año más crítico fue 2021, con 7 mil 284 denuncias, en plena pandemia de COVID-19. En 2020 hubo 5 mil 566 y, en 2022, otras 4 mil 537.
Después, los registros cayeron considerablemente: 259 quejas en 2023 y 120 en 2024. Para 2025 se reportaron 127 y, hasta enero de 2026, ocho. La disminución merece atención, pero no basta para declarar resuelto el problema. Hace falta conocer cuántas recetas se surtieron completas, cuántas quedaron pendientes y si los mecanismos de registro se mantuvieron sin cambios.
El desabasto tampoco comenzó con un solo gobierno. Entre 2014 y 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se contabilizaron 16 mil 994 quejas, un promedio reportado de 3 mil 398 anuales. Con Andrés Manuel López Obrador, el promedio de 2019 a 2024 fue de aproximadamente 3 mil 286 por año. La comparación debe considerar que el IMSS comenzó a registrar estas inconformidades en una base de datos en 2014 y puso en operación el Sistema de Atención al Derechohabiente en agosto de 2018.
Más allá de las cifras, los medicamentos señalados muestran la gravedad de las necesidades. En 2019 destacó el rivaroxabán, un anticoagulante; en 2020, el clopidogrel, utilizado para prevenir eventos trombóticos; y en 2021, la combinación de levodopa y carbidopa, empleada para controlar síntomas del Parkinson. Después aparecieron el clonazepam, el dimetilfumarato para determinadas formas de esclerosis múltiple y la desmopresina. En 2025, el rituximab, utilizado en oncología, hematología y otras indicaciones, encabezó los reclamos.
No son productos secundarios. Son tratamientos que responden a necesidades médicas específicas y cuya falta puede interrumpir la atención de pacientes que dependen de ellos. Para quien necesita un medicamento de manera continua, una receta sin surtir no es una cifra administrativa: es un problema que puede afectar su salud y su economía.
En mayo de 2019, López Obrador presentó a Zoé Robledo como director general del IMSS y le encomendó fortalecer una institución que calificó como fundamental. El gobierno federal prometió alcanzar en 2024 la cobertura total de atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, bajo los principios de cero corrupción, máximo ahorro y planeación eficiente.
Zoé Robledo no puede quedar al margen de la evaluación de esos resultados. Como director general del IMSS durante el sexenio de López Obrador y al frente de la institución durante los años posteriores, le corresponde responder por la gestión del organismo, explicar las fallas de abastecimiento y presentar resultados verificables. Las cifras de quejas no demuestran por sí solas que toda la responsabilidad del desabasto recaiga en una sola persona, pero sí justifican exigir cuentas a quien encabeza la institución.
Para combatir el problema, López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar el 29 de diciembre de 2023. La estrategia prometía centralizar inventarios, aprovechar una capacidad anunciada de 286 millones de piezas y garantizar entregas en 48 horas. Sin embargo, contar con capacidad de almacenamiento no demuestra que los medicamentos lleguen a las unidades médicas cuando se necesitan. La pregunta sigue vigente: ¿qué resultados concretos produjo esa estrategia para los pacientes?
El IMSS atiende, según las cifras proporcionadas, a 79.1 millones de derechohabientes y cuenta con 22.9 millones de puestos de trabajo afiliados. La dimensión de la institución exige una planeación rigurosa de compras, distribución y abastecimiento. También obliga a que las administraciones actuales y anteriores respondan por sus compromisos.
Las quejas disminuyeron respecto al máximo registrado en 2021, pero esa tendencia debe contrastarse con indicadores verificables de suministro. Los reclamos recientes de trabajadores del IMSS sobre la falta de medicamentos hacen todavía más necesario conocer el estado real del abasto.
La salud pública no puede medirse únicamente por las quejas que aparecen en una base de datos ni por las piezas que caben en una bodega. Su verdadera medida es que una receta se surta completa, que un tratamiento no se interrumpa y que ningún paciente tenga que pagar de su bolsillo aquello que la institución está obligada a proporcionarle.
Los gobiernos pueden cambiar sus estrategias y sus discursos. Los directivos pueden permanecer en sus cargos mientras cambian los presidentes. Pero la obligación institucional no desaparece. Zoé Robledo debe responder por la gestión del IMSS y explicar qué falta por hacer para garantizar el suministro. Para los pacientes, la discusión política importa menos que una necesidad concreta: encontrar sus medicamentos cuando los necesitan.