El Gobierno federal pretende reforzar la vigilancia sobre las operaciones mediante las cuales inversionistas extranjeros adquieren el control de compañías mexicanas vinculadas con infraestructura, tecnología o información considerada sensible.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para modificar la Ley de Inversión Extranjera y establecer un procedimiento especial de revisión cuando una adquisición pueda representar un riesgo para la seguridad nacional.
La propuesta contempla que los capitales foráneos interesados en obtener, directa o indirectamente, más del 49 por ciento de una empresa mexicana deberán solicitar autorización a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando se rebase determinado valor de activos y la compañía opere en un área estratégica.
El monto que activará esta revisión todavía no ha sido definido. La propia Comisión tendría un plazo de 180 días naturales, después de la entrada en vigor del decreto, para establecerlo mediante una resolución general.
Sectores que estarán bajo revisión
El nuevo mecanismo abarcaría inversiones relacionadas con energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, almacenamiento y procesamiento de datos, sistemas digitales, industria aeroespacial, defensa e instalaciones consideradas sensibles.
La revisión también alcanzaría tecnologías como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, computación cuántica, energía nuclear, nanotecnología y biotecnología.
Además, podrían examinarse operaciones vinculadas con el suministro de materias primas, la seguridad alimentaria y el acceso o control de información personal y estratégica.
Seguridad e inteligencia entrarían al análisis
La iniciativa busca ampliar la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras mediante la incorporación de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.
En los asuntos relacionados con seguridad nacional también participarían, con voz pero sin voto, representantes de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Con esta estructura, el análisis de las inversiones dejaría de concentrarse únicamente en sus efectos económicos y tomaría en cuenta información de inteligencia, fiscalización y procuración de justicia.
Autorización, condiciones o rechazo
La Comisión dispondría inicialmente de 60 días hábiles para estudiar cada solicitud. En operaciones complejas podría ampliar el periodo por otros 30 días o suspenderlo mientras recibe información adicional.
Al concluir el análisis tendría tres posibilidades: aprobar la adquisición, autorizarla bajo determinadas condiciones para reducir riesgos o impedirla por motivos de seguridad nacional.
Si la autoridad no responde dentro del plazo establecido, la solicitud se considerará rechazada. En estos procedimientos no se aplicaría la llamada afirmativa ficta.
Las empresas que concreten operaciones sin contar con el permiso requerido podrían recibir multas. Las sanciones más elevadas alcanzarían hasta 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización cuando se ignore una negativa o se incumplan las condiciones impuestas.
La iniciativa deberá ser analizada y votada por el Senado. El Gobierno sostiene que la intención no es cerrar México al capital internacional, sino establecer controles sobre adquisiciones capaces de comprometer infraestructura crítica, tecnologías estratégicas o información sensible.