Robar a la nación no atenta con la Seguridad Nacional: SCJN

 

Por José Lima Cobos

Se afirma, no con razón “que entre bandidos no existen jerarquías” de ahí que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que no se atenta contra la seguridad de la nación si existen factureras o delincuencia de cuello blanco que defrauda al país de ninguna manera se puede aplicar a los presuntos delincuentes la prisión preventiva oficiosa, pues se viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la legalidad de su detención, luego entonces, tampoco se deben aplicar los demás delitos graves que aparecen en el Artículo 19 constitucional por ser un atentado a los derechos humanos.

Si bien, esa misma Suprema Corte de Justicia resolvió con la jurisprudencia 293/2011 que la Constitución no puede perder su preeminencia sobre cualquier otra norma, aunque se haga una interpretación pro persona, lo que no podría conllevar a que se prefiera aplicar las normas establecidas en los tratados internacionales y menos en el caso de los delitos calificados graves por la Constitución y el que se relaciona con la delincuencia organizada consistente “en uso de recursos de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como los delitos graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la nación” y si los acusados de delitos fiscales como defraudación, contrabando o uso de facturas falsas no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, se deja en estado de auténtica indefinición no a una persona física, sino a la institución que se denomina “Estados Unidos Mexicanos”, lo que es inadmisible e inaceptable.

 

 

EL PARAISO FISCAL

Al no considerar dentro de la delincuencia organizada la acción fraudulenta de 43 empresas dedicadas a la facturación falsa en la que participan 8 mil 202 personas físicas y morales cuyo manejo económico ascendió a 93 mil millones de pesos, según reportó la titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, entonces, la seguridad del estado no se ve amenazada porque dejó de captar recursos  por más de 11 mil millones de pesos, según el criterio de los que resolvieron la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Nacional, siendo que muchos de ellos,  para cubrir los sueldos de más de  600 mil pesos que perciben mensuales los once ministros de ese poder judicial, además de jueces y magistrados, que de ahí provienen en consecuencia, la revisión a los delitos graves tiene que irse a fondo, pues la presión descomunal que se ejercer contra la nación, llegará al extremo de que a nadie se le castigue, lo que no será posible, porque si de por si no se ve la justicia pronta y expedita,- Artículo 17 constitucional- al desaparecer las acciones de justicia, las cárceles estarán vacías y no habrá delincuentes sin sentencia, pero la nación dejará de erogar los miles de millones que se destinan para ese propósito.

El estado mexicano, no podrá cruzarse  de brazos o dejar de cuestionar a los ministros, jueces y magistrados por su comportamiento contrario a la Constitución  que con ese criterio acartonado y evidentemente reaccionario, se oponen a que brille el bienestar en el país, de otra suerte se paralizaría todo propósito social que se sustenta en que el Estado recaude lo suficiente para su distribución y fortalecimiento del desarrollo, por lo mismo se buscará una salida jurídica para impedir esa agresión o burla contra el estado mexicano.

En un estudio realizado por la Universidad  Nacional Autónoma a petición de la Secretaría de Hacienda, se demostró que el prianismo, -padre de la corrupción e impunidad en sus gobiernos- imperó durante décadas esa conducta, lo que hizo de nuestro país un paraíso fiscal, pues desde 2018 a la fecha la nación dejó de percibir 346 mil millones de pesos  solo por concepto de IVA, y se considera en el mundo como el país con menor recaudación fiscal  de la OCDE-, dejó de cubrir impuestos por la venta de Banamex a Citigroup por más de doce mil millones de dólares y las devoluciones a los grandes empresarios que además de no pagar contribuciones se les devolvían con el llamado concepto de  compensación tributaria por medio de empresas fachada, viene a convalidar con ese criterio que el futuro podrán operar en  la corrupción e impunidad.

 

 

Si la economía va bien y podrá ir mejor y el peso no se ha devaluado como se vivió con normalidad franciscana en los gobiernos anteriores, por eso ahora se puede presumir que el presidente “que era un peligro para México”, como se bautizó a López Obrador, tiene unas finanzas sanas, sin embargo, la resistencia a que las cosas se hagan mejor, vienen de los tribunales judiciales que ha retrasado con su conducta, las grandes obras que se han podido realizar,  sin necesidad de endrogar más al país y con una distribución del gasto de manera efectiva y congruente con el desarrollo de la nación, por lo mismo la distribución de la riqueza se refleja en el país.

Se puede apreciar que si la economía va y va bien, es porque existe responsabilidad en el gasto público, lo que conlleva atener que realizar reformas constitucionales  a fondo si no se quiere que el país estalle, porque no puede permitirse que exista  un gobierno rico en su alta burocracia y un pueblo pobre y en la miseria.

 

 

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