Maru y Taboada, al paredón
Por José García Sánchez
Dos panistas que se consideraban a ellos mismos más allá del bien y del mal están a punto de ser juzgados por la opinión pública por el corrupto Poder Judicial, resulta difícil en su nueva etapa de subastas de fallos y juicios. Los ministros liberan a secuestradores confesos a cambio de dinero como ocurre en Boca del Río, Veracruz, de nombre Javier.
La gobernadora panista de Chihuahua, confirma que los panistas tienen cierta debilidad por los narcotraficantes y se muestra como cómplice de los grupos que operan en su entidad. Así como sucedió con Genaro García Luna a Maru Campos se le acusa de cinco delitos relacionados con actos de corrupción durante su desempeño como servidora pública, señaló el abogado Oscar David Castrejón Rivas, quien señaló que se acusa a la panista de haber recibido alrededor de 8 millones de pesos del exgobernador César Duarte Jáquez a través de la Nómina Secreta, acreditados con 34 recibos firmados por ella, a los cuales el juez de control les dio valor probatorio.
Además, por haber recibido en su cuenta bancaria personal un depósito de 20 mil pesos por parte del gobierno estatal cuando ella era diputada sin que pudiera comprobar para qué era ese dinero. Tercera: por un contrato de prestación de servicios jurídicos profesionales que tenía que dar el despacho de abogados Campos Galván y Asociados al gobierno de César Duarte, los cuales no fueron acreditados, aunque sí se comprobó que durante casi dos años cobraron 40 mil pesos por mes, hasta llegar al monto aproximado de un millón 200 mil pesos. Y se le acusa de fraude procesal, en virtud de que se comprobó que inventó pruebas para justificar que el despacho citado sí había otorgado los servicios jurídicos al gobierno de César Duarte, lo cual resultó una falsedad. Esta acusación se encuentra en trámite.
Y, por si fuera poco, se le investiga por presunto soborno y uso indebido de atribuciones, al haber cobrado “moches” a distintas empresas a cambio de favorecerlas con el otorgamiento de contratos de servicios y obras. Además de las sospechas sobre su complicidad en la fuga de reos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, a principios de este año, con saldo de 14 muertos.
PAN Y MÁS DELITOS
El 1º de abril Maru Campos fue vinculada por el delito de cohecho pasivo y le fueron impuestas tres medidas cautelares: no puede salir del país porque el juez le recogió el pasaporte; debe pagar 500 mil pesos para gozar de libertad restringida, y está impedida para acercarse a testigos y/o víctimas de los hechos por los cuales está vinculada a proceso.
Ahora es sospechosa de permitir la presencia del narcotráfico en su estado, sobre todo en Urique, al norte del estado, donde asesinaron a dos jesuitas, quienes según investigaciones del escritor Daniel Estulín, estaban involucros en el negocio.
El otro panista es Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, quien, en el auge del cártel inmobiliario, iniciado por sus correligionarios en esa circunscripción, en 2013, cuando era diputado local en el Congreso de la capital y gobernaba la entonces delegación, Jorge Romero, actual coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
En un fin de se aman a principios de este mes limpió de antecedentes la alcaldía para evitar inculpar a sus compañeros de partido y a él mismo.
El Cártel Inmobiliario ha causado varias muertes de capitalinos que adquirieron departamentos en edificios que tenía prohibido construir más de cinco pisos y la ambición de los funcionarios de esa alcaldía doblaron la altura de los inmuebles.
Por ese delito está prófugo Christian Von Roehrich, investigados otros dos ex alcaldes de Benito Juárez, y en otras demarcaciones porque en donde estuvieron los panistas las construcciones ilegales se multiplicaron como pandemia en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, además de la mencionada como epicentro del Cártel Inmobiliario.
Para estos delincuentes será más fácil ser considerados como perseguidos políticos que como asesinos o corruptos a causa de la podredumbre del Poder Judicial y sus fallos a precios módicos que ofrecen al mejor postor. Con estas decisiones jueces y magistrados matan dos pájaros de un tiro, en primer lugar, se enriquecen y, en segundo, golpean al gobierno federal que intentó reducirles su salario.
Twitter: @Josangasa3
