Deber jurídico-deber político

 

Por Alberto Woolrich Ortíz

Antes de dar inicio a la presente colaboración para éste conocido medio de información, sobre el asunto de la libertad jurídica, es el deseo del Ateneo de Estudios Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, el advertir, para evitar malos entendidos con algunos Siervos de la Nación, que los conceptos a exponer tienen validez dentro de los marcos de nuestro Derecho Positivo Mexicano. Ello resulta fácilmente explicable si se reflexiona que las futuras líneas descansan en los análisis lógicos existentes entre el deber jurídico y el deber político.

La vertiginosa experiencia que se ha adquirido –se quiera o no— durante sesenta y siete años de transitar por los corredores de nuestros recintos de justicia, aunado a una rigurosa autocrítica, nos ha hecho entender que la libertad jurídica es la facultad que nuestro derecho otorga a los mexicanos de ejercitar las garantías que nuestra Constitución Política nos regala. A la clase política se le reduce esa libertad al cumplimiento estricto de sus obligaciones que la propia Carta Magna les confiere.

Si mis amabilísimos lectores aún no se han aburrido de las líneas expuestas, puedo cargar la pluma y continuar diciendo que es claro que por Derecho Positivo Nacional, debe entenderse no sólo el conjunto de disposiciones legales que efectivamente regulan la vida social, jurídica y política de nuestra gran Nación, en un momento dado de su historia y de ello no se excluye a la Cuarta Transformación de la República, sino, además, hay que saber que los preceptos de oriundez política obligan a los gobernantes a cumplirlos.

 

Es el deseo de quien esto escribe, que las líneas antepuestas no queden en palabras, sino que éstas sean razón y conducta en el encuentro de un México Democrático en el marco de nuestra Constitución Republicana, por ello cabe agregar que la libertad jurídica de nosotros los gobernados es la facultad de la aplicación por parte de los gobernantes de un derecho justo y valido, sin dejos de parcialidad, interés político y/o corrupción.

Si nos colocamos en el México de hoy, en el México de Andrés Manuel López Obrador, en el México de las omisiones de Alejandro Gertz Manero para investigar la narco-política, tendremos que admitir en consecuencia, la posibilidad de un enfrentamiento entre el deber jurídico y el deber político. Puede ocurrir, por ende, que las cosas no les funcionen bien al Poder Ejecutivo, por no reconocer el derecho del que habla la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Si lo antepuesto así acontece, la Abogacía Independiente de la República debería de apoyar cualquier acto de protesta enérgica y formal, contra los gobernantes que tardan en comprender —en abierta denegación de justicia— que nuestra Ley de Leyes es inviolable y tienen que respetarla. Es cuanto.

 

Lic. Alberto Woolrich Ortíz

Presidente de la Academia de Derecho Penal

del Colegio de Abogados de México, A.C.

 

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