Congreso de San Luis Potosí aprueba voto para personas en prisión preventiva
Con el objetivo de armonizar la legislación local con el marco jurídico federal, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este martes un decreto que transforma el esquema electoral y administrativo de la entidad.
Entre los cambios más relevantes destaca la habilitación del voto para personas en prisión preventiva, la implementación de controles de confianza voluntarios para candidatos y una reestructuración que reduce a una sola sindicatura la administración municipal.
El decreto modifica la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza. Con estas disposiciones, se establece formalmente la reducción a una sola sindicatura en los ayuntamientos, garantizando al mismo tiempo el principio de paridad de género en su integración, compuesta por una presidencia y regidurías de mayoría relativa y representación proporcional.
En cuanto a la participación ciudadana, la reforma incorpora el reconocimiento del derecho al sufragio para las personas sujetas a prisión preventiva que no cuenten con una sentencia condenatoria firme.
Respecto a las candidaturas, se establece que los aspirantes podrán presentar un escrito manifestando su voluntad de someterse a evaluaciones de control de confianza ante centros acreditados.
Es importante precisar que esta decisión es estrictamente voluntaria y no constituirá un requisito de elegibilidad ni generará consecuencia jurídica alguna en perjuicio de quienes decidan no realizarlas.
Para fomentar el desarrollo de nuevos liderazgos, los partidos políticos deberán destinar al menos el 5.0% y el 4.0% de su financiamiento público ordinario a la promoción del liderazgo político de las mujeres y los jóvenes, respectivamente.
Asimismo, los convenios de coalición deberán registrarse treinta días antes del inicio de las precampañas, y las solicitudes de candidaturas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se realizarán preferentemente mediante sistemas electrónicos que garanticen la seguridad y trazabilidad de los documentos.
Finalmente, el Congreso aprobó modificar la Constitución estatal y la Ley de Justicia Electoral para introducir una nueva causal de nulidad en las elecciones: la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados.
Con esta medida, el Poder Legislativo busca proteger la soberanía nacional y salvaguardar la integridad de los procesos democráticos, asegurando que las elecciones se mantengan libres, auténticas y ajenas a influencias externas indebidas.