INTERNACIONAL

Brasileños salen a las calles a favor de la democracia, Lula advierte que se investiga financiamiento a golpista

 

BRASILIA, BRASIL. Miles de brasileños salieron a las calles de diferentes ciudades del país en protesta al asalto perpetrado por bolsonaristas radicales contra las sedes de los tres poderes en Brasilia y mostrar su apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los manifestantes exigieron represalias para los participantes del mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura en Brasil. “Golpistas encarcelados”, “Democracia siempre” o “Abajo el vandalismo fascistas” fueron algunos de los eslóganes que enarbolaron. 

 

 

Convocados por sindicatos y movimientos sociales, miles marcharon en defensa de la democracia en todo el país, según videos que circularon en redes sociales.

 

 

En una inusual declaración conjunta, publicada en la cuenta de Twitter de Lula, los líderes del Senado, Vital do Rego; de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y del Supremo Tribunal Federal, Rosa Maria Pires Weber, rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas”.

 

 

Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia”, afirmaron los dirigentes que se reunieron en el presidencial Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que fue uno de los sitios vandalizados, con ventanas rotas y oficinas destrozadas.

 

Ante los 27 gobernadores del país, Lula afirmó que la turba que asaltó el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal buscaba perpetrar “un golpe de Estado”.

 

 

El resultado electoral se dio y fue respetado por gran parte de la sociedad, pero algunos perdedores no lo aceptaron y están en la calle. ¿Qué exigen? Están frente a los cuarteles en casi todo el territorio nacional reclamando un golpe de Estado”, declaró Lula, al reiterar que los participantes del asalto “no tenían una agenda de reivindicaciones”, solamente querían “un golpe”

 

Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en ese país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad”, añadió en su cuenta de Twitter.

 

Los emblemáticos edificios de la capital brasileña fueron tomados durante casi cuatro horas por miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo que asumió el 1º de enero.

 

 

El ataque recordó el perpetrado en 2021 en el Capitolio por simpatizantes del entonces presidente estadunidense Donald Trump, quien tampoco reconoció la victoria deldemócrata Joe Biden, y a quien admira Bolsonaro, que tampoco admitió la victoria de Lula.

 

 

La Federación Brasileña de Bancos, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, la principal organización industrial brasileña, y la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo repudiaron la invasión a las sedes de los tres poderes.

 

 

INICIA INVESTIGACIONES A EMPRESAS

Las autoridades comenzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables del asalto y a sus eventuales financiadores.

Por su parte, Lula da Silva, advirtió que investigará quién financió la movilización de bolsonaristas.

 

 

No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió. Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en este país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad”, tuiteó el mandatario.

 

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, confirmó que 1,500 personas han sido detenidas, que se identificó en diez estados a los responsables de los actos de vandalismo y que muchas de las empresas implicadas están ligadas al agronegocio.

 

 

Dino destacó que todavía no es posible “distinguir claramente” las responsabilidades sobre la financiación, pero lo que “sí se puede afirmar es que hubo financiamiento”.

 

 

Sin nombrar directamente al expresidente Jair Bolsonaro, el ministro comentó: “Las palabras tienen poder y esas palabras se convirtieron en odio y destrucción (…) hay personas, líderes políticos, que son los responsables del discurso de odio y destrucción que vimos ayer en la sede de los tres poderes con miras a un golpe de Estado”.

 

 

La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó a más de 100 empresas –muchas con sede en Mato Grosso y Santa Catarina– sospechosas de haber financiado el ataque golpista. El dinero se utilizó para pagar los autobuses que transportaron a los bolsonaristas y para ayudar a las personas a permanecer acampadas frente al Cuartel General del Ejército.