Se reduce la desigualdad social
Combatir las diferencias sociales no implica reducir ganancias de nadie sino voluntad política
Por Ángel Álvaro Peña
Para algunas clases sociales la pobreza no es un conflicto urgente de erradicar. Para esos sectores de la población es la inseguridad, porque tienen algo que perder, no saben que quienes viven en la pobreza, nada pierden.
Es en esa diferencia donde surge la prioridad para erradicar la pobreza. Quien tiene algo que perder es porque tiene algo, a quienes ni eso tienen, no les preocupa la inseguridad.
Colocar a la inseguridad como el principal problema de México no sólo es un acto de racismo sino desconocer la causa misma de la delincuencia y el origen de la desigualdad.
De ahí que se piense, desde las medianías de las clases sociales, que los pobres son malos y se convierten en ladrones tarde o temprano. Como si no hubiera ladrones de cuello blanco, que roban más continuamente y mayores cantidades.
Es en ese panorama donde la visión de la pobreza era parte de la discriminación. Al reducirse esta diferencia y borrar la distancia entre pobres y ricos, se destruyen mitos que acompañaron por mucho tiempo el pensamiento de los mexicanos y crearon sus propias reglas, entre las que se encuentra la justificación de la discriminación, que al reducirse la pobreza también se reduce esta exclusión entre mexicanos, entre hermanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México ha reducido los niveles de desigualdad social, al pasar de ser el país más desigual del planeta en 2012, pasa ahora a convertirse, según datos del Inegi, en el segundo país con menor desigualdad del continente, solo detrás de Canadá.
Las medidas son muy claras, la aplicación de una nueva mentalidad en la política económica da resultados, misma que trató de ser detenida por el neoliberalismo que surge durante la presidencia de Miguel de la Madrid.
Se decía como si se tratara de una regla científica comprobada que el aumento a los salarios repercutía en la inflación. Es decir, según su visión de economía rupestre, afirmaban que impulsaba el crecimiento de la pobreza.
De alguna manera estaba implícitamente prohibidas medidas como el aumento del salario mínimo, que creció 135% entre 2018 y 2025, recuperando el poder adquisitivo sin generar inflación.
Los programas de Bienestar, que se convirtieron en derechos constitucionales. Incluyen pensiones universales, becas, apoyos al campo y subsidios directos.
La eliminación del outsourcing, que obligó a empleadores a contratar directamente. Esta medida sólo servía para una mayor explotación de los empleados, la evasión fiscal, y aumentar ganancias en los empresarios.
La creación de obra pública estratégica, con proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, Dos Bocas y el AIFA reactivaron economías regionales con cientos de miles de empleos directos e indirectos.
El 2012 fue el periodo de mayor desigualdad en nuestro país… “éramos el país más desigual de todo el planeta, ahora, se dio a conocer también que somos el segundo país menos desigual del continente. Es decir, se distribuyó la riqueza, se distribuyó la riqueza”, dijo la Presidenta.
El gobierno afirma que este proceso no es asistencialista, sino parte de un modelo de Estado de Bienestar que busca garantizar derechos sociales universales: salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social.
Además, se otorgó prioridad al mercado sobre el bienestar social.
Buena parte de la estrategia se debe a la aplicación de programas, sostenidos con el dinero que en anteriores gobiernos se desaparecía. Según el Inventario Federal, 123 programas y acciones sociales. El Inventario Estatal implica 1,038 programas en los 32 estados. El Inventario Municipal contiene 6,792 acciones locales.
Los programas más relevantes tienen que ver con Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyos a vivienda y cultura comunitaria.
En estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se observa herencia de estructuras que combinan operadores políticos, medios locales y redes de percepción.
Estos programas son expuestos ante la población, que tiene el derecho de observar, y, en su caso denunciar, alguna anomalía en la aplicación de los programas. Es decir, investigar, obtener datos y denunciar y no como le hace la oposición que denuncia y luego averigua si su acusación tiene sustento.
Para estos casos está la Auditoría Superior de la Federación que supervisa las aplicaciones de recursos y, en el INE se vigila el uso de recursos en tiempos electorales.
La mayoría de las mediciones de reducción de la pobreza tienen como condición que no pueden darse a conocer sin antes ser verificadas por organismos externos a la institución que realiza dichos cálculos, y hay medidas que evalúan desde diferentes aspectos el gran logro de reducir la pobreza, de tal suerte que los resultados optimistas no pueden ser cuentas alegres destinadas a la propaganda política o partidista, sino a un trabajo conjunto que marca la diferencia por su compromiso.
Nadie puede negar las jornadas de trabajo de quienes impulsan estas condiciones de bienestar.
Por lo regular las causas de la pobreza tienen su origen en tareas propias de la administración pública que no se llevaron a cabo o carecieron de eficacia y transparencia.
Las causas principales son complejas e interconectadas entre sí, como la falta de oportunidades educativas, desigualdad económica, discriminación y exclusión social.
Las consecuencias, además de su reproducción exponencial, son: alimentación deficiente y desnutrición, deserción escolar, entre otras.
Las diferencias entre el pasado y el futuro tienen en este esfuerzo una constancia de cambio. Así, se le resta a la práctica de la corrupción buena parte de su costumbre. Esto no quiere decir que ese mal que invadió la administración por muchos años se haya erradicado, pero, al igual que la pobreza, se reduce paulatinamente hasta desaparecer.