Rendición de cuentas
El alud de demandas en contra de ciudadanos y el acoso en contra de periodistas críticos que exhiben la opacidad en obras de infraestructura pública, -o en compras gubernamentales-, tienden a crear un ambiente de autocensura derivada de una velada y no aceptada represión por parte de servidores públicos hoy poderosos.
Si bien lo que hoy se está practicando no constituye un acto de censura al estilo tradicional, si es equiparable a esta práctica de un pasado autoritario.
Podemos decir que el resultado final de la censura de antes y de la represión de hoy es el mismo.
La censura que antiguamente se ejercía en contra de la prensa consistía en impedir la publicación o difusión de noticias en contra de algún funcionario público.
Importante destacar que la censura en contra del ciudadano antiguamente no existía, pues éste no tenía acceso a los medios de comunicación masiva, que eran pocos y estaban centralizados. Además, en esas épocas no existían las redes sociales.
En contraste hoy las redes sociales han dado gran participación al ciudadano.
Hoy vemos un nuevo fenómeno. Hay ciudadanos que han sido demandados por gente poderosa de la política, que argumentó sentirse agraviada por tuits publicados en la red social “X”, con comentarios sarcásticos que se interpretaron como ofensas. Esto nunca antes había sucedido.
Sin embargo, este precedente abre graves riesgos para la democracia pues puede ser utilizado para evadir la rendición de cuentas de funcionarios públicos y criminalizar muchas conductas políticamente inmorales.
Esta es la nueva forma de reprimir la libertad de expresión. Demandar a quien cuestione a un servidor público, a partir del argumento de daño a su reputación y a su honor. Lo peor es que las autoridades judiciales han dado la razón al funcionario público demandante y han castigado al ciudadano a reparar el daño de honor con una compensación económica fuerte. Las ciudadanas Laisha Wilkins y Karla Estrella han sido demandadas y castigadas, no sólo a ofrecer disculpas, sino a pagar una compensación económica. El TEPJF ha sido la autoridad que emitió este veredicto.
A partir de ahora exigir rendición de cuentas a un funcionario, -sobre su trabajo-, podría ser considerado una ofensa que amerite una remuneración.
Siempre el funcionario público y el político habían estado sujetos a la rendición de cuentas escrutinio de su actividad pública. Sin embargo, hoy esta práctica democrática se está reprimiendo.
Debe revisarse la legislación pues no puede considerarse democrático un país donde el derecho ciudadano a exigir rendición de cuentas termine siendo castigado por un juez, o un organismo público como lo es el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación.
Los funcionarios públicos y los políticos deben estar sujetos al escrutinio continuo de su actividad.
Sin embargo, el actual régimen denominado 4T ha empezado a desaparecer los organismos públicos autónomos que salvaguardaban el derecho ciudadano a exigir la rendición de cuentas, de modo tal que el mismo gobierno se convierte en juez y parte pues ya no tiene un contrapeso que garantice la transparencia, como lo hacían los organismos públicos autónomos, hoy en proceso de extinción.
La opacidad hoy se ha convertido en la forma natural de un gobierno que se comprometió inicialmente a combatir la corrupción y por eso ganó legítimamente las elecciones. Sin embargo, hoy ha olvidado ese compromiso.
