Populismo y democracia
Por Ricardo Homs
En el coliseo romano el pueblo decidía a mano alzada sobre la vida de los gladiadores que se encontraban en la arena, después de un combate mortal. El gladiador vencido tenía su vida en las manos del pueblo inclemente y sádico. Era parte del espectáculo. El césar tomaba la última decisión dando gusto al populacho.
A Jesucristo el “pueblo bueno” de Israel lo condenó a muerte prefiriendo que Poncio Pilatos, -gobernador romano de Judea-, soltase al asesino Barrabás y no a un hombre justo que se había enfrentado al poder de los fariseos. Por tanto, para dar gusto al pueblo, Poncio Pilatos se lavó las manos con gran simbolismo después de intentar convencerlos de que jurídicamente no había pruebas de delito alguno. Sin embargo, aún teniendo la autoridad para liberar a Jesús, prefirió darle gusto al populacho.
En el siglo XXI la historia se sigue repitiendo. Aún hoy, -casi dos mil años después-, hay gobernantes que parecen ignorar la evolución del concepto “estado de derecho” y su prevalencia frente a las decisiones populares.
Al opinar sobre el juicio que las autoridades judiciales de Nueva York han emprendido contra Donald Trump, el presidente López Obrador, -en la mañanera del pasado miércoles-, en franca intromisión mexicana sobre las decisiones de un gobierno libre y soberano como lo es el de Estados Unidos, opina y cuestiona.
Por supuesto, también aprovechó para salir en defensa de su amigo Pedro Castillo, el presidente peruano que enfrenta un juicio por encabezar un golpe de estado y pretender disolver el Congreso de ese país.
De este modo nuestro presidente propone a las autoridades peruanas que “el pueblo decida” sobre el juicio que enfrenta el presidente peruano depuesto por las instituciones democráticas de ese país.
Lo grave para los mexicanos es que estas declaraciones evidencian la falta de respeto al estado de derecho, lo cual puede revertirse dentro de nuestro país en contra de las decisiones del Poder Judicial, enfrentando al presidente López Obrador contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando sus decisiones no le favorezcan
En un estado constituido por instituciones avaladas por nuestra Constitución, el respeto al estado de derecho es la esencia de la democracia y la gobernabilidad.
La voluntad del pueblo no puede sustituir a las leyes, pues entonces se estimularía la barbarie.
Parece ser que en el contexto de la transparencia propiciada por las redes sociales y la tendencia a hacer mediáticas las acciones judiciales para intervenir en ellas, veremos surgir conflictos éticos y morales que pondrán a prueba la capacidad de los miembros del Poder Judicial, de defender al Estado de Derecho frente a dos falacias populistas.
La primera de ellas es que la justicia y las leyes pueden ser antagónicas y en un conflicto entre ambas, debe prevalecer la justicia. La segunda falacia es que la opinión del pueblo debe estar por encina del estado de derecho.
Respecto a la primera, o sea la posibilidad de que pudiesen ser antagónicas la justicia y las leyes, -como lo ha planteado el presidente López Obrador-, debemos reconocer que nunca antes se había planteado este dilema.
Disociar a la justicia de la aplicación del derecho nos lleva a cuestionar lo siguiente:
Mientras el derecho se sustenta con objetividad en el referente que representan las leyes, y lo único subjetivo podría ser la interpretación de estas en casos complejos, -lo cual representa un pequeño margen de debate y controversia-, definir lo que es la justicia al margen del derecho, nos lleva al ámbito de la subjetividad total: ¿Quién define lo que es justo?
La interpretación de la justicia sin el respaldo de las leyes abre la puerta de la manipulación emocional de la ciudadanía para hacer prevalecer la opinión personal y los intereses particulares de quien gobierna.
En este ámbito se vuelve fundamental realizar, -no campañas mediáticas sustentadas en creatividad publicitaria-, sino campañas de difusión educativa para conformar una cultura jurídica que enriquezca la confianza ciudadana en nuestras leyes y con esto, se fortalezca la vocación democrática de nuestro país.
Es urgente convencer a la ciudadanía de que no puede haber verdadera justicia, si esta no se sustenta en la aplicación de las leyes que emanan de nuestra Constitución.
RESCISIONES DE CONTRATOS
Se ha dado a conocer una inciativa impulsada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para imponer en los contratos que firme el gobierno federal con empresas privadas unas cláusulas que permiten al gobierno rescindirlos de forma anticipada pero sin pagar indemnizaciones.
Es notorio que este tipo de iniciativas provienen de burócratas y políticos que nunca en su vida han sido productivos y menos aún empresarios.
Parecen ignorar que la actividad empresarial lleva implícita una inversión inicial para poder otorgar servicios, -o para la producción de bienes-, la compra de insumos y contratación de mano de obra. El empresario realiza la inversión inicial con la certeza que da la ley, garantizando que al final del proceso se recuperará el capital y habrá una remuneración.
Esta legislación “gandalla” que ahora se propone, pone a los proveedores del gobierno en estado de indefensión y asumiendo riesgos que carecen de legalidad, lo cual propiciará la extorsión, la corrupción y el abuso. Además, encarecerá los costos, pues los riesgos llevarán un sobreprecio.
Suscribir contratos con gobierno implicará la necesidad de protección de funcionarios que querrán una participación en las utilidades.
¿A usted qué le parece?
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