ONG exigen al Senado una ley efectiva contra el reclutamiento forzado de menores

Después de que esta semana la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el reclutamiento forzado niñas, niños y adolescentes “con atajos legales que, aunque incrementan años de cárcel, terminan siendo ineficaces”, Juan Martín Pérez, coordinador ejecutivo de Tejiendo Redes Infancias América Latina y el Caribe, sostuvo que “el Senado tiene la oportunidad y la responsabilidad de frenar este retroceso.”

Sostuvo que esto es una “simulación legislativa” que promete castigo sin garantizar resultados. “Si durante 20 años de violencia armada la figura jurídica de corrupción de menores no se usó para enfrentar el reclutamiento forzado, no hay razón para suponer que ahora, sin cambios de fondo, vaya a funcionar.”

Añadió que “México no puede combatir el ampliamente documentado y grave crimen del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes” con el dictamen avalado. “La reforma votada, de forma sorprendente sin el mínimo cuestionamiento en la Cámara de Diputados, que agrega un agravante al viejo delito de corrupción de menores, un tipo penal pensado en la época de 1966, evade el problema central: el reclutamiento y la coacción ejercida por estructuras criminales sobre la niñez y la adolescencia.”

Apuntó que la decisión legislativa dice sostenerse en “razones técnicas” para no crear un delito autónomo, pero esto viola el principio pro persona y el interés superior de la niñez, para sacrificar a las víctimas al negarles el estándar más alto de protección que el Estado debe garantizar cuando están en juego la vida, la seguridad y el desarrollo de la niñez.

Este enfoque prioriza la comodidad interpretativa del sistema, que se resuelve con capacitación, protocolos y análisis de sentencias, antes que el interés superior de la niñez y la protección integral de quienes hoy son el objetivo más vulnerable del crimen organizado.

Estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, estiman que en México entre 145 mil y más de 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.

Lo más delicado es que el dictamen “desvía el foco de las víctimas infantiles. Al “encajar el reclutamiento en un molde de corrupción de menores, se refuerza una narrativa que sugiere desviación en la infancia reclutada, en lugar de reconocerla como lo que es: víctima de explotación, coacción y violencia armada, frecuentemente en contextos donde el Estado llega tarde o no llega.”

Subrayó que cuando la ley no reconoce con claridad a la víctima, el sistema de justicia tiende a repetir el error más costoso: adolescentes terminan procesados como delincuentes, no atendidos como personas a quienes se les debe proteger y restituir derechos.

Además, los datos oficiales muestran una verdad incómoda: “vivimos un contexto de impunidad estructural y redes criminales que capturan instituciones, así que una reforma penal aislada, montada sobre un tipo penal que lleva dos décadas sin servir para enfrentar el reclutamiento, corre el riesgo de volverse letra muerta.”

“No se trata de ser blandos frente al crimen; se trata de legislar con seriedad, con estándares de derechos humanos y con visión de Estado”, consideró , porque “la protección de la niñez no puede depender de otros intereses políticos, económicos o punitivos, debe sostenerse en el interés superior de la niñez, las evidencias y con los compromisos internacionales que México ya asumió.

Las 14 iniciativas legislativas que motivan la reforma reconocen de manera explícita, que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó a México tipificar de forma autónoma el reclutamiento, precisamente para alinearse con el Protocolo Facultativo correspondiente, y porque las leyes de trata no cubren todas las dimensiones del reclutamiento por grupos delictivos. Ese estándar internacional “no es una sugerencia decorativa”, es el máximo de derechos humanos para garantizar a la infancia una vida libre de violencia.

Por eso, solicitamos” atentamente al Senado que convoque de inmediato al parlamento abierto, con participación de especialistas, organizaciones expertas, instituciones y, de forma central, con mecanismos adecuados para escuchar a niñas, niños y adolescentes que viven en las zona de mayor violencia; su participación significativa es parte de la solución. Consultarles

no es un gesto simbólico, es cumplir el derecho a ser escuchadas y escuchados en los asuntos que les afectan, y es construir una ley que funcione en el mundo real.”

Recordó que el Senado fue protagonista de un hecho histórico en 2014 con la aprobación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les conminamos a iniciar un nuevo proceso para avanzar hacia una legislación integral de un tipo penal autónomo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, y que incorpore con claridad el enfoque de víctima, la desvinculación y la protección integral, para que ninguna infancia termine castigada por sobrevivir a la coacción de grupos armados.

“El Senado todavía puede hacer historia a favor de la vida de miles de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento en México”, sostuvo.