Mexicana de aviación
Por Ricardo Homs
Qué importante noticia que Sedena sea ya oficialmente quien está operando integralmente la nueva aerolínea Mexicana de Aviación. Nueva porque la razón social anterior ya desapareció y la actual sólo asumió la marca que compró el presidente. Sin embargo, es una nueva persona moral recientemente constituida.
La Sedena se ha transformado oficialmente en un corporativo dedicado al emprendimiento y se ha alejado de sus prioridades que responden a su vocación natural, que es la defensa del país, -originalmente de las intervenciones extranjeras en nuestro territorio-, y en el contexto actual, del control de grupos fácticos que rivalizan con el Estado Mexicano en el control territorial por la vía de las armas.
Mientras construyen aeropuertos, refinerías, ferrocarriles, un complejo hotelero turístico y ahora operan una aerolínea comercial, se desentienden de la seguridad pública y de la defensa de la población civil.
Es más, -contraviniendo la ley antimonopolios-, se están constituyendo como el monopolio del transporte público bajo la directriz presidencial.
Debemos reconocer que las fuerzas armadas no han pedido las comisiones empresariales que hoy tienen, sino que el presidente se las ha asignado directamente y esta importante institución castrense las ha tenido que aceptar.
No sobra preguntar… ¿Con base en qué estudios de mercado, análisis de costos y comparación con la competencia se ha fijado el precio de los boletos de Mexicana de Aviación, así como del Tren Maya y de los otros servicios que ya prestan las empresas bajo operación de la Sedena?
Si el dinero que se elimina a los programas de salud, obras públicas, mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos, educación y otros rubros se destinan a subsidiar a Mexicana de Aviación, el AIFA, el Tren Maya, entre otros servicios que hoy el Estado proporciona, estaremos hablando de malversación de fondos.
Esta semana pasada ocupó espacios la noticia de un vuelo de Mexicana de Aviación que cubrió su ruta solamente con un pasajero a bordo, lo que quiere decir que, -por una parte se sobrevaloró la demanda de servicios por parte de los pasajeros y por otra-, que su operación no está respaldada por una eficiente y experimentada visión comercial.
Es importante destacar que no es lo mismo competir en el mercado de servicios turísticos como parte de la iniciativa privada, -donde la rentabilidad se mide continuamente y una equivocación puede sacar del mercado a una empresa y hacer perder su capital a los accionistas-, que utilizar recursos públicos para subsanar los errores de los funcionarios que operan este tipo de empresas descentralizadas.
Mientras en las empresas privadas no puede haber corrupción en su contra sin el riesgo de enfrentar demandas penales por parte de la empresa si las prácticas delincuenciales son descubiertas, en el ámbito gubernamental, -donde se manejan recursos públicos-, la corrupción es cotidiana y encarece la operación.
El presidente parece no recordar que ese proceso de creación de empresas gubernamentales lo desarrollaron ampliamente los presidentes Echeverría y en menor medida las mantuvo López Portillo, pero todas fueron privatizadas después sobre la base de pésimos resultados que generaban una carga muy onerosa para el erario público.
Las actividades empresariales no se realizan sobre la base de ocurrencias y órdenes políticas, sino que requieren de experiencia, conocimientos e información de mercado y principalmente de la competencia.
Estas nuevas empresas creadas por capricho y de forma improvisada no están sustentadas en información confiable.
Por ejemplo, la falta de vuelos en el AIFA y el inicio atropellado y con fallas del tren Maya.
Es más, intentar imponer por decreto la instrumentación de servicios de transporte de ferroviario de pasajeros, va contra la tendencia mundial.
Independientemente de las buenas intenciones que dieron origen a la creación de estas empresas, parece que no existen las condiciones, -no sólo para que sean rentables-, sino para que cubran sus costos de operación, como lo es la nómina, administración, insumos y muchos rubros que deben ser considerados.
Estas empresas serán un problema para futuras administraciones y quizá, terminen malvendidas a la iniciativa privada.
¿A usted qué le parece?
