Listos para el lawfare

 

Por José García Sánchez

La resistencia hasta el último soldado que en México tiene el Poder Judicial para adaptarse a los lineamientos del nuevo gobierno no sólo para ajustar sus salarios a ingresos menores o iguales a los del Presidente tiene un trasfondo todavía más peligroso para la democracia y la paz social.

La derecha que considera que sus privilegios están suspendidos en el tiempo, y que pueden recuperarlos pronto. Le apuesta, como lo ha demostrado, a la corrupción dentro del Poder Judicial que no es poca pero tampoco generalizada. Los amparos otorgados a Iberdrola o a Alito, que son a todas luces, fuera de la ley, son muestra de una contaminación en los jueces.

Los conservadores manejan a sus jueces. El Poder Judicial es el ejército de la última batalla de la derecha con un régimen que no es afín. Porque a través de jueces puede actuarse impunemente contra el mandatario que no les gusta, desde luego no puede faltar la meretriz de la derecha que es la prensa. En Latinoamérica hay ejemplos, de esta complicidad que la derecha, usa a los jueces y remata con los medios, llamado lawfare. Es un golpe de Estado legaloide que ha funcionario en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, etc.

Esta palabra convertida en acción perversa es definida técnicamente como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, con el objetivo de lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

Este tipo de acciones golpistas tiene expresiones de todo tipo en Latinoamérica, hasta llegar a lo absurdo. En febrero de 2016, en Bolivia, antes del referéndum constitucional, el periodista conservador, Carlos Valverde, le inventó un hijo a Evo Morales, con su ex pareja, Gabriela Zapata, dicha relación sirve para implicarlo en el delito de tráfico de influencias para favorecer a una empresa china, donde su ex pareja trabajaba, y a quien se le dictó una sentencia de 10 años de cárcel por enriquecimiento inexplicable. Posteriormente, el periodista aclaró que el hijo que Zapata había mostrado como hijo de Evo Morales era su sobrino. El “comunicador” huyó unos meses a Argentina y volvió a trabajar en el mismo medio al regresar sin una sola represalia y sin sanción alguna.

 

Esto mismo sucedió, con matices diferentes en Argentina con Cristina Fernández, en Brasil con Dilma Rousseff y Lula Da Silva son ejemplos de una nueva táctica de guerra no convencional, o golpe de Estado “legal”.

En México el Poder Judicial se prepara para una guerra de larga duración, que tiene en los jueces sus generales y en los medios su arsenal. Hay jueces que no ocultan su militancia ni se avergüenzan de ser mercenarios de la impartición de justicia, ese es el caso de personajes como el tristemente famoso Juan Carlos Fierro, quien amparó a más de 10 empresas, que se resistían a comprar gas natural según las nuevas normas dela Secretaría de Energía, para garantizar el suministro en el sistema de transporte y almacenamiento de gas natural. Además, impidió, con amparos amañados la entrada en vigor de la ley eléctrica. También impidió con amparos la entrada del padrón integral de usuarios de telefonía móvil. En este último caso los medios tuvieron un papel destacado, afirmando que los mexicanos estaríamos vigilados. Si esos mismos datos los tienen las empresas de celulares, pero la tergiversación es propia de la complicidad entre jueces corruptos y medios convencionales.

Hay otros jueces que se preparan para la guerra con misiles disfrazados de amparos, como como el Juez VI de Distrito Javier Rebolledo Peña, quien amparó nada menos que a la empresa de transgénicos estadounidenses Monsanto, para suspender el decreto presidencial de diciembre de 2020, que prohíbe el uso de glifosato, un herbicida de amplio espectro, que se contrapone a los programas de calidad del aire y las estrategias de conservación de la biodiversidad. Aquí los improvisados ambientalistas nunca aparecieron.

El juez Tercero de Distrito, Ramón Lozano Bernal, otorgó a Iberdrola una suspensión para que mientras se lleva a cabo el proceso, la empresa española no pague su multa de 9 mil millones de pesos que le impuso al Comisión Reguladora de energía.

René Ramos Pérez, Juez X de Distrito en el Edomex y Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez V de Distrito en la CdMx, emitieron más de 100 amparos para impedir la construcción del AIFA, retrasando por meses su conclusión.

Mención especial merece el juez de Alito Moreno, contra los videos de El Jaguar, en Nuevo León, Víctor Hugo Alejo Guerrero, a quien se le denomina el juez del asesino porque liberó a un delincuente que había prometido seguir asesinando. Una vez libre mató a su suegra y se ha dedicado a defender asesinos, violadores, sicarios, etc.

Los jueces en México están listos para el lawfare, los empresarios desesperados por volver a evadir impuestos y sacar al actual gobierno también, por eso financian partidos en decadencia que utilizan como carne de cañón en esta golpe de Estado con supuestas leyes torcidas y subastadas.

 

Twitter: @Josangasa3

 

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