¿LEYES RETROACTIVAS?

RICARDO HOMS

Evidentemente el tema de la reforma judicial hoy se ha convertido en un show de simulación democrática, pues por una parte se ofrece a los cuatro vientos foros de análisis de parlamento abierto y por otra, los legisladores de MORENA avisan que ya están preparados para aprobar la reforma sin cambiarle ni una coma a la propuesta del presidente López Obrador.

Sin embargo, más allá del contenido de la reforma lo más grave es lo relativo al capricho populista de presentarle al pueblo la promesa de participar en la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, capitalizando los innegables agravios que siempre han existido para el pueblo vulnerable.

Sin embargo, el riesgo de que el crimen organizado tome control de esas elecciones es de sentido común, pues estos grupos ya tienen experiencia interviniendo en las elecciones intermedias del 2021 y en las pasadas del 2024, cada quien actuando en su zona de influencia, no obstante la existencia de un gran sistema electoral de gran experiencia operativa controlando el proceso.

Una gran ocurrencia presidencial, que sin embargo no está respaldada por un proyecto operativo.

El argumento de que algunos cargos menores dentro de la estructura judicial en Estados Unidos son sujetos a un proceso de elección pública, no justifica sea viable en México, pues allá cuentan con un sistema institucional sólido y firme y no existe el peligro de la intromisión del crimen organizado. Además, la cultura judicial norteamericana blinda estos procesos.

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras ya pone en evidencia la existencia de documentos de la DEA que alertan a sus agentes de los movimientos de grupos delictivos para prepararse y aprovechar este regalo que les ofrece la 4T.

Ante este riesgo inminente para el último mes de gobierno de López Obrador, la DEA ya se prepara.

A su vez, el mismo presidente confirmó la existencia de estos documentos, de esta institución norteamericana, cuando en una mañanera exigió a la DEA no intervenir en este proceso que sólo corresponde a los mexicanos.

La improvisación que forma parte de la cultura institucional de la 4T pone en riesgo la sobrevivencia del Estado de Derecho y la Constitución.

Cuando los jueces, magistrados y ministros sean patrocinados por algún cártel y hayan alcanzado el cargo con la ayuda de dinero sucio, evidentemente cada uno de estos funcionarios a lo largo de todo el país estará comprometido a velar por los intereses grupales de sus patrocinadores, poniendo en riesgo su propia vida si los traiciona.

Sin embargo, si llegase a imponerse la mayoría morenista y de sus aliados, para sacar adelante esta reforma incluyendo la elección de los funcionarios del Poder Judicial, aún quedará vivo un recurso y es la no retroactividad de ninguna ley, que es un principio universal del derecho y por tanto no podrán ser destituidos los funcionarios actuales que lograron el cargo por un periodo obtenido a través de un sistema de exámenes  “de oposición” y la nueva reforma no podrá ir en contra de los derechos laborales de estos funcionarios, teniendo que esperarse la finalización del periodo para el que fueron elegidos para aplicar el nuevo modelo.

Sólo podrá aplicarse este sistema para sustituir funcionarios que de modo natural cumplan su periodo.

Romper con este principio básico del derecho podría generar una crisis de impacto internacional de dimensiones mayúsculas, que afectaría la credibilidad de los tratados internacionales firmados por México, así como la permanencia de la inversión extranjera, lo cual generaría una crisis económica que pondría en riesgo la estabilidad política del país.

¿A usted qué le parece?