LA SABIDURÍA DEL REY SALOMÓN
Ricardo Homs
El presidente López Obrador expresó en una mañanera que debe eliminarse el requisito de cinco años de experiencia para contender por los cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial.
Seguramente está pensando en la justicia al estilo del Rey Salomón, impartida sin leyes y sólo con un talentosísimo sentido común y su mítica sabiduría.
Es más, el presidente, sin juicios de por medio dicta sentencias en las mañaneras, en las que salen siempre beneficiados amigos y gente cercana, -no importando el delito que hayan cometido-, y en contraposición son sentenciados con los argumentos más cantinflescos, -y sin que haya delito jurídicamente comprobable-, sus adversarios.
Para el presidente López Obrador la impartición de justicia es un atributo del poder absoluto, como el que él detenta.
¿Esta es la justicia que favorecerá a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad?
La simple carrera de derecho no garantiza el conocimiento de la ley en un país dónde las calificaciones, -dependiendo de la universidad-, se regalan pues hay aversión por las evaluaciones académicas.
Es evidente que el presidente tiene aversión al conocimiento como requisito indispensable para el ejercicio profesional y ello se ha manifestado como una constante a lo largo de su gobierno, eliminando incluso exámenes y evaluaciones que siempre fueron esenciales en los programas curriculares de la SEP, provocando un evidente deterioro en la calidad de la educación.
La falta de evaluaciones va en detrimento de la calidad del trabajo en cualquier ámbito.
La improvisación de muchos nombramientos que llegan con la venia presidencial él acostumbra a justificarla a partir de las buenas intenciones y la supuesta honestidad y honorabilidad de sus recomendados, sustentados estos atributos simplemente en su opinión personal.
De este modo podemos ver que la calidad del servicio público se ha deteriorado con la llegada a cargos de dirección por gente que no cumple los requisitos básicos de elegibilidad. Falta de conocimientos y experiencia han sido la constante, con lo cual el proceso de aprendizaje ha sido un costo indirecto pero recurrente en todos los ámbitos del sector público.
El verdadero problema de la liberación de supuestos delincuentes son los errores en la integración de expedientes y carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales, -así como la FGR-, que no logran sustentar la existencia del delito y ello se debe o a la inexperiencia del personal de las fiscalías o la intencionada integración defectuosa de expedientes para favorecer a un indiciado.
Evidentemente el mayor nivel educativo y la mayor profesionalización están en el ámbito del Poder Judicial Federal y es donde la ley nos protege. Sin embargo, cuando la improvisación no sólo exista en las fiscalías sino también en el Poder Judicial ¿quién nos protegerá del abuso?
¿A usted qué le parece?