La desaparición de organismos autónomos
Por Ricardo Homs
Nada desnuda con mayor claridad la verdadera identidad del actual régimen, que el aviso del presidente López Obrador de que el próximo año enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a los organismos autónomos, -principalmente el INAI-, que tiene como objetivo transparentar ante los ciudadanos toda la información de cualquier nivel de gobierno, así como el TRIFE, que es el tribunal electoral que definirá jurídicamente las controversias que surjan después de la elección del 2024.
Es evidente que en el centro de esta iniciativa está la aversión que este gobierno tiene a ser fiscalizado en el manejo de los presupuestos y su obsesión por retener el poder absoluto controlando los resultados electorales. Hoy vemos que los recursos económicos que opera el gobierno federal se gastan con total opacidad, evitando rendir cuentas, -tanto de la entrega de las licitaciones-, como del uso final del presupuesto.
En el paquete destructivo también se englobará a la COFECE, y la COFETEL, entre otros organismos autónomos.
Sin embargo, para desaparecer estos organismos, -hasta hoy independientes-, es necesario hacer cambios en la Constitución y para ello se requiere contar con el número de votos de una mayoría calificada, que seguramente MORENA y sus aliados no lograrán sumar, y eso lo sabe el presidente.
La pregunta que surge obligadamente es… ¿Qué pretende el presidente al enviar al Congreso una iniciativa que será rechazada?
Seguramente ese rechazo le permitirá crear una narrativa victimizadora que hable de la pretensión de sus adversarios políticos de conservar privilegios, -y con ello-, él justifique la ofensiva final en contra de los organismos autónomos, destrozando su credibilidad y el respeto que hasta hoy tienen por parte de la ciudadanía. Lo más probable es que el tema del combate a la corrupción sea el eje de esta campaña desestabilizadora.
Sin embargo, -dando por sentado que él está seguro de que Claudia Sheinbaum ganará la elección-, este será el argumento que justificará la necesidad de que el próximo gobierno cuente con el apoyo de un Congreso dominado por MORENA y que la 4T tenga el número de escaños que le permitan alcanzar la mayoría calificada, para realizar todos los cambios constitucionales que siempre ha deseado. De este modo construirá para su sucesor un poder absoluto que garantice la permanencia indefinida de los gobiernos de la Cuarta Transformación, en los cuales él será el “poder detrás del trono”.
Por tanto, esta iniciativa y su posible rechazo por parte de la actual legislatura, marcará el inicio de su propia campaña electoral para el 2024 en busca del voto ciudadano, -no solo para su candidata a la presidencia de la república-, sino para el control del Congreso, -o sea-, el Poder Legislativo.
La campaña por el control del Congreso en el 2024 será la “madre de todas las batallas” electorales y en ello debe fijar su atención la oposición.
El presidente López Obrador por fin ha desnudado su aversión al modelo de gobierno democrático, sustentado en la separación de poderes constitucionales y el respeto que entre ellos debe existir.
¿Cómo se denomina un gobierno opaco… al que no le gusta transparentar sus decisiones ni tolera contrapesos?… Seguramente usted ya tiene la respuesta.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD?
Después del enfrentamiento entre agricultores de Texcaltitlán e integrantes del Cártel de la Familia Michoacana, quienes se rebelaron violentamente en contra de este grupo delincuencial -que costó la vida de once delincuentes y tres agricultores-, el presidente López Obrador sólo acertó a decir que “la extorsión se combate entre todos”.
Como es su costumbre, el presidente siempre evade sus responsabilidades y no asume que desde hace miles de años es precisamente “el estado” quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población civil y de su patrimonio.
Hace cien años el filósofo y sociólogo alemán Max Weber, -lectura obligada para los políticos-, definió que a partir de la autoridad legítima que ejerce el estado, éste tiene el monopolio y la legitimidad del uso de la violencia para garantizar la paz, lo cual forma parte de su libro “La política como vocación”. Incluso, define que la policía y los militares son el instrumento para ejercer la violencia legítima del estado.
Quizá ninguno de sus colaboradores le ha explicado al presidente a lo largo de estos cinco años, que utilizar los recursos del Estado Mexicano para pacificar al país es una obligación del gobierno y no una decisión a criterio de quien gobierna. Por tanto, no puede renunciar a esta obligación. “Abrazos … no balazos” como política de estado, es una violación flagrante de nuestra Constitución.
No corresponde a la población civil ninguna responsabilidad en el combate a la delincuencia, pues es responsabilidad absoluta es del gobierno federal y las policías locales.
¿Y las Fuerzas Armadas?… Se modificó nuestra Constitución para permitir que el Ejército y la Armada pudiesen participar en labores de seguridad pública y por ello se les ha dado el mayor presupuesto de la historia de México, el cual nunca han tenido que transparentar públicamente. Sin embargo, los hechos de violencia con desenlace fatal suceden continuamente, por lo que se vuelve fundamental replantear la estrategia de combate al crimen organizado, dando prioridad a los servicios de inteligencia.
Mucho se ha hablado de que el gobierno de México ha comprado el sistema israelí de espionaje y vigilancia de nombre Pegasus, de alta tecnología. Sin embargo, ha sido imposible frenar el crecimiento de los grupos delincuenciales, que se encuentran plenamente identificados en cada zona del país por los pobladores de cada región. ¿Será que no existe interés en erradicar la delincuencia?
Detrás de cada muerte violenta, -así como de cada desaparición forzada-, hay una tragedia familiar, frente a la cual se evidencia una ofensiva insensibilidad gubernamental.
REGRESO AL PASADO
¿Por qué será que cada vez que se cuestiona la falta resultados de este gobierno el presidente responde haciendo referencia a los gobiernos anteriores?
¿El voto ciudadano que recibió en 2018 no fue para solucionar las malas prácticas de los gobiernos anteriores y dar resultados favorables? ¿Cinco años no han sido suficientes?
¿AMENAZAS A LOS LEGISLADORES DE LA CDMX?
Muy complicada negociación entre las bancadas del Congreso de la Ciudad de México para ratificar a la fiscal de la capital del país Ernestina Godoy, lo cual se endureció con la amenaza directa y clara del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres, en contra de los legisladores del PAN que no dieron su voto para la ratificación: “Esto tendrá consecuencias”, sentenció.
¡Muy grave declaración!
LA NUEVA MINISTRA DE LA SCJN
El nombramiento como ministra de la SCJN de una abogada que no tiene el respaldo de una trayectoria en la carrera judicial, como es el caso de Lenia Batres, -hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres-, una vez más muestra la visión de futuro del presidente López Obrador.
Un país que necesita dignificar la justicia como lo es el nuestro, no se merece que para un cargo tan relevante se seleccione a una persona sin experiencia. La improvisación es una falta de respeto hacia uno de los tres Poderes de la Unión.
El presidente evidentemente no pensó en las necesidades de justicia de los mexicanos, sino en su propia conveniencia. Seleccionó a una aliada incondicional que le ayudará a consolidar su proyecto personal.
¿A Usted qué le parece?
