Juicio político a jueces federales y ¿los ministros cuando?
Por José Lima Cobos
A propósito del anunciado juicio político de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de la determinación de dos jueces federales que ordenan poner en libertad a 8 de los militares involucrados en el caso de Ayotzinapa -lo que se ha calificado como un crimen de Estado- y que evidencia el grado de narco estado en que cayeron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto –donde 43 estudiantes fueron asesinados de manera espeluznante sin que se haya esclarecido-, a grado tal que el Procurador General de la República Murillo Karam, al responsabilizarse de esa investigación, sin que hasta ahora haya resultados contundentes y que satisfagan a la sociedad mexicana, y cuando vemos que se ha insistido que fue el ejército el responsable y, al pronunciarse este gobierno por llamarlos a cuenta, lo que se ha hecho, ese juzgador federal toma una decisión fatal que lo llevara a que su vida judicial, ya no será la misma, aunque, lo menos que le pueda suceder, es que sea inhabilitado, salvo que se aparezca el Ministro González Alcántara y, como sucedió con Cabeza de Vaca -ex gobernador de Tamaulipas- que desaforado por el Congreso de la Unión, donde reside la soberanía del pueblo, de un plumazo cancele la orden de aprehensión concedida por un juez federal, y sin que haya fincado responsabilidad al Ministro.
Ante los señalamientos enérgicos del Presidente la República López Obrador de que el poder judicial está corrompido y que folclóricamente llama podrido, y ahora también le dan la razón al liberar un juez federal al licenciado Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari, creador y estructurador de la corrupción más profunda de la historia de México, en alianza criminal del PRIAN , para enajenar todos los bienes de la nación a particulares, principalmente amigos -algo a lo que ahora está haciendo el gobierno de Milei en Argentina y que el pueblo está resistiendo para que no se consuma, la brecha se abre más para que al fin se tengan resultados en la práctica y los magistrados, jueces y ministros, se les aplique la ley, pero en principio que dejen de ser de dedo presidencial o de la judicatura federal si no que obedezca a la voluntad personal de la oligarquía política.
Ya se ha visto que nada de esto ha sucedido, si bien 31 millones de votos llevaron a este gobierno y, no al poder -este se reserva para las minorías- pues como que el gobierno está pasmado al no poder hacer nada, pese a que la Constitución está a su favor, sin embargo se anida la esperanza, ahora apenas, que el Ministro Pérez Dayan que al resolver un amparo de las transnacionales que están inconformes con las reformas para fortalecer a las empresas estratégicas del Estado mexicano, como son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que ha sido señalado por el presidente como traidorcillo, podemos decir que el Código Penal Federal lo califica en su artículo 123 como traidor a la patria, si, como se lee ,si se le aplica a ese infame Ministro, de alto coturno -pues gana más de setecientos mil pesos mensuales que le paga el pueblo mexicano que se debate en la miseria- al apuntar traición a la patria: 1.-realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, pero son quince fracciones donde encuadra la conducta de traición a la patria, disintiendo con lo que el presidente expresó “no, es abyección, traición a la patria es un concepto de mayor rango, para no exagerar, éstas son acciones de traidorzuelos… imagínense dos ministros, borran, desconocen, una ley”.
No se trata de venganza, si no de congruencia, porque si la Constitución da los instrumentos para disciplinar y castigar a los Ministros y exhibirlos, el juicio político tiene que empezar con los diez Ministros -excepción de Lenia- que si juraron guardar y hacer guardar la Constitución, estaban conscientes que no podrían ganar más que el Presidente porque así está determinado en el artículo 127 constitucional y si durante catorce años de su existencia los ministros lo han violado qué se puede esperar de quienes esperen justicia en lo que reclaman los justiciables, luego entonces, cuanta razón le queda al Presidente para reclamar el cumplimiento de esa disposición y si, aunado a lo anterior el artículo 105 establece las acciones de constitucionalidad y controversias, con su ley reglamentaria prohíbe que se dicte una suspensión provisional de la ley, ello conlleva a someterlos a juicio.
Si Zedillo tuvo la osadía de desparecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar al retiro a 21 ministros y dejar solo once, es inadmisible que en un régimen de transformación como el que encabeza López Obrador, -con autoridad moral, política y social- no se quiere actuar con esos Ministros que, a ojos vista atenta y atracan a la Nación al disponer de recursos que deben estar en la Tesorería de la Federación y no en la caja chica de los Ministros para ufanarse de sus privilegios, por eso, no es de hoy se ha sostenido esa situación no puede continuar y que sea, más tarde, el instrumento para fincar responsabilidades.
Las condiciones están dadas para que, no solo se reforme la Constitución para devolver el espíritu social de 1917, si no, sin esa reforma, como está se haga que los Ministros y quienes se agandallaron con los bienes de la Nación se les haga que lo devuelvan, de manera tal que no se vuelva a repetir como está escrito en el artículo 1º constitucional que obliga a todos a respetar para evitar repetición de actos de criminalidad que se anida en la corrupción.
