Inversión pública, en el olvido en la contratación de deuda subnacional
Actualmente, los gobiernos estatales, a excepción de Coahuila, ya se encuentran en un nivel de endeudamiento sostenible, sin embargo, el fin de la adquisición de deuda no se dirige a un beneficio social.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros nueve meses del presente año, el monto de financiamientos y obligaciones inscritos en el Registró Público Único ascendió a 48,095 millones de pesos.
De este monto, 66.2% se destinó a refinanciamiento, que es la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados.
En tanto, 33.2% de las obligaciones financieras contratadas se dirigió a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que significa deuda de corto plazo que debe ser liquidada en máximo 12 meses.
La preocupación se centra en la inversión pública productiva, pues de los 48,095 millones de pesos, apenas 0.3% se destinó a esta erogación por la cual se genera, directa o indirectamente, un beneficio social. Únicamente los gobiernos municipales contrataron deuda para este fin.
La finalidad de este destino es la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria.
Así como la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales.