INE y SCJN, nuevos partidos opositores de México
<< En lugar de trabajar por la justicia o la democracia se dedican a ataca r al gobierno que intentó reducir el salario de los ministros y consejeros >>
Por Ángel Álvaro Peña
El Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtieron en dos partidos políticos de oposición de la noche a la mañana. Sin tener que pelear por su registro, ni organizar asambleas a lo largo y ancho del país, ni dar nombres de sus líderes ni tener que comprobar su honorabilidad.
Estos dos nuevos partidos políticos no salen más caros que los que solicitan su ingreso al INE con registro condicionado, y con la ventaja de que ninguno de los dos pone en riesgo su existencia si no logran el 3 por ciento de la votación emitida. Ellos siguen combatiendo al gobierno como toda oposición y paralizando las acciones de gobierno a diestra y siniestra.
Los salarios de los ministros como de los consejeros electorales encarecen la existencia de estos dos nuevos partidos de oposición que no desperdician ningún espacio para confrontar al gobierno federal, al que descalifican y cuestionan, como si sus siglas le otorgaran el monopolio de la razón.
Es decir, en México estos dos partidos monopolizan la ley, la justicia y la democracia. Los factores que conforman el Estado de Derecho y se convierten en una zona liberada de un gobierno electo por la voluntad popular.
En otros países es el Poder Judicial la punta de lanza de golpes de Estado blandos, donde con leyes interpretadas a su modo, de manera coincidente, concluyen que su poder de decidir sobre lo justo y lo injusto les permite derrocar gobiernos como sucedió en Brasil dos veces, en Bolivia, en Argentina y en Perú. En todos estos casos se solicitó el aval de la Organización de Estados Americanos, a través de su presidente, Luis Almagro, personaje que acaba de visitar en su sede de Washington, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, a ocho días de abandonar el cargo.
Otra de las causas de su viaje con dinero del erario puede tener como objetivo la organización de un golpe de estado contra el actual gobierno mexicano con la anuencia de la OEA, o por lo menos algo similar.
LORENZO PIDIENDO PROTECCIÓN
Se dice que fue a pedir protección porque se avecina una persecución política en su contra, lo cierto es que se realizan auditorías al INE donde hubo gastos excesivos y millones gastados sin comprobar, como sucede con una agencia de viajes a la que el INE pagó cientos de miles de millones de pesos, porque los consejeros electorales, al igual que los ministros siempre viajan en primera clase con el dinero del pueblo.
Esto sin tomar en cuenta que como liquidación Lorenzo Córdova se llevará más de 9 millones de pesos, lo cual es ilegal porque una liquidación es justa cuando el trabajador desconoce la fecha de su conclusión de labores, pero en el caso de Ciro Murayama y Lorenzo Córdova desde hace nueve años sabía el día del fin de sus labores, de ahí que su liquidación es totalmente ilegal.
El papel del INE como árbitro electoral puede ser tan costoso como la democracia lo requiera, pero un grupo de burócratas que cobran millones injustamente y viven como reyes en un país con más de la mitad de los ciudadanos en pobreza, resulta un insulto a los mexicanos.
Por su parte, los ministros de la SCJN, invierte su papel histórico y contradice su responsabilidad social al otorgar amparos, suspensiones de obra pública, liberación de cuentas, garantiza impunidades y da la razón al que le da más dinero.
Ejemplos como la liberación de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, a unas horas de que lo declararon culpables de cinco delitos, o bien la liberación de personajes de probaba culpabilidad como Rosario Robles, o el perdón por los nexos con el narcotráfico del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la suspensión indefinida del Plan B de la reforma electoral, que intentaba ahorrar dinero en las elecciones, entre otros delitos cometidos por los guardianes de la justicia y protectores de la ley.
El Plan B establece que el INE no podrá destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la creación u operación de fideicomisos, y tampoco podrá contratar seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada ni esquemas similares de contratación.
En la iniciativa inicial de la reforma electoral, López Obrador planteó desaparecer a 200 legisladores plurinominales de la Cámara de Diputados; sin embargo, esto no será posible cumplirlo a través de la modificación a leyes secundarias, es decir, dentro del Plan B, resulta imposible porque dicha propuesta requiere de las dos terceras partes de las cámaras.
Por si esto fuera poco el ex ministro de la Corte, Cossío, se coloca abiertamente en el lado opositor y se convierte en orador en la marcha en defensa del INE y contra el actual gobierno, a pesar de que es señalado como uno de los ministros que votaron en favor de los familiares de Margarita Zavala para que no fueran procesado por la muerte de 39 niños dela Guardería ABC.
AMPARO CONTRA EL PLAN B
La postura de los integrantes del INE y de la SCJN, provocan señalamientos como éste del coordinador de la bancada de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llevar a cabo activismo judicial, al admitir el amparo interpuesto por el INE en contra del Plan B de la reforma electoral.
El juez que admitió la controversia del INE contra la reforma electoral, llamado Javier Maynez Potisek, fue detenido en Torreón en octubre de 2021 por conducir ebrio, fue puesto en libertad el 9 de octubre bajo libertad condicionada. Según el código penal de Coahuila, se prevé de uno a tres meses de prisión y de 250 a 500 días de multa, o libertad supervisada de uno a tres meses y de 250 a 500 días de multa, a quién conduzca en estado de ebriedad.
Integrantes del colectivo “Yo Soy México” marcharon contra Jueces, Ministros y Magistrados corruptos, noticia que fue ocultada por la mayoría de los medios de información. La marcha partió del palacio de las Bellas Artes rumbo a La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes de esta marcha señalan: “Nos manifestamos porque estamos inconformes con las violaciones que se le hacen a la cosa ya que los Jueces, Ministros y Magistrados están apegados a la ley y ellos violan la Constitución en el Artículo 39, donde dice el poder dimana del pueblo, el pueblo pone y el pueblo quita”.
Es decir, ni los consejeros electorales ni los magistrados deben comprobar su honorabilidad para ganar lo que ganan ni para decidir sobre las leyes que pisotean, pero a la hora de autodenominarse opositores, son los primeros en decirse indignados y ofendidos.
Tanto los consejeros electorales como los ministros se volvieron opositores por una misma causa, el Presidente intentó bajarles el sueldo.