¿Nos sirve un órgano democrático que se opone a la democracia?

Por Laura Cevallos

Democracia significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En un país que se precia de tener un régimen democrático, todas las entidades que surgen a partir del pacto denominado Constitución Política, tienen la obligación de llevar a cabo las tareas que les asigna el Congreso, como voz del pueblo soberano, para conseguir la construcción de un Estado que abrace a todos los miembros que lo conforman, más allá de las preferencias políticas e ideológicas particulares que los individuos puedan tener.

A México, la democracia le llegó algunos años más tardes que a otros países y la hemos adaptado a nuestro humor e idiosincrasia, y a pesar de ello, hace unos treinta años que nos venimos preparando para tomar en nuestras manos la tarea que este modelo gubernamental, requiere: votar, opinar, exigir, celebrar consultas, referéndums y otras herramientas de democracia participativa con las que la ciudadanía produce los cambios que los poderes de la unión precisan y que, en nuestro caso, aún estamos procesando. 

México jugó a las fuercitas con los poderosos que administraban la simulación y la corrupción desde 1988; luego en 2006 y 2012 y por fin, en 2018, les ganamos. Tenemos al Presidente que elegimos por mayoría indiscutible; una Cámara de Senadores y dos legislaturas de mayoría, además de 17 estados (que suman más de 58 millones de mexicanos) y en las elecciones siguientes, sumarán 6 más, para demostrar que el pueblo sí es el que pone.

Para comprobar que el pueblo también es el que quita, el Presidente López Obrador nos está enseñando cómo usar las herramientas de la democracia participativa, dispuestas en la propia Constitución, para el caso que las necesitemos en el futuro. De ellas, la consulta de revocación de mandato, es la que se precisa para quitar del puesto a un presidente (como los anteriores), porque ya no cuentan con la confianza del pueblo para seguir “gobernando”, debido a sus actos de corrupción, genocidios, represiones, saqueo y desmantelamiento del Estado. En el ejercicio de 2022 podremos decidir si queremos que López Obrador deje el cargo porque ya no le tenemos confianza o bien, si respaldamos que continúe en él. Es un ejercicio de fogueo, pues, para que practiquemos en un sexenio en que indudablemente la mayoría de los ciudadanos estamos más conscientes que nunca de que el gobierno está realizando las tareas que son su responsabilidad, honesta y dignamente.

Cualquier pueblo del mundo quisiera tener la oportunidad de “practicar” con este tipo de ejercicios, cuando tiene un gobierno con una aceptación de alrededor de 70%, sabiendo que, aunque no se llama así el ejercicio, sí se trata de una verdadera reivindicación y ratificación del mandato. Lo que no quisiera nadie, es tener órganos que justo pongan todas las trabas para que la democracia se cristalice y menos, que se trate del órgano electoral, que tiene funciones de árbitro, pero que, en abuso de sus atribuciones, tuerce la ley para que la protección más amplia sea para los partidos políticos y personas que están en contra de la justicia y totalmente en contra del pueblo, que, a fin de cuentas, es a quien debería proteger.

Las funciones de un instituto electoral no son otras que las de garantizar el derecho humano de votar y ser votado, en primer lugar, y en consecuencia, como parte de sus responsabilidades, garantizar que todos los procesos de la materia y los que realizan los partidos políticos y candidatos, se sujeten a las leyes. Y, sin embargo, en los años de existencia de este instituto, a pesar del cambio de nombre, no han sido mas que comparsa del grupo conservador que detenta el poder económico en México y baila al son que ellos dictan, permitiendo la admisión de partidos con firmas falsas, como el México Libre, o se hace de la vista gorda en el rebase brutal del tope de gastos de campaña en más de 28 millones de pesos, como en la elección a gobernador en Nuevo León; pero sí escrutó con microscopio las candidaturas de dos gubernaturas a quienes quitó del panorama por supuestamente no haber presentado gastos de precampaña, sin importar que según estatutos del partido que los arropaba, no había tal etapa, por ser electos mediante encuesta. 

En esta última afrenta, el Instituto se reúsa a ejecutar las funciones para las que está destinado y obligado por ley, todo por exigir la entrega de dinero, o si no, mantendrá secuestrada la voluntad del pueblo a celebrar este ejercicio democrático. Se burlan, junto con los parlamentarios del pan, del esfuerzo de los ciudadanos para recolectar firmas y en sesión extraordinaria dispone una suspensión ilegal, por tiempo indefinido, para continuar con las etapas que la ley marca en tiempos determinados, poniendo en riesgo la celebración de la consulta revocatoria. Y no es porque estén protegiendo al presidente de una probable respuesta negativa; al contrario, saben que el pueblo votará a favor de que López Obrador culmine su sexenio con más apoyo que nunca. Las objeciones son para protegerse a futuro, para el caso de que haya una regresión y esos monstruos ocupen nuevamente la presidencia y así, no haya antecedentes de haber realizado consultas de ese tipo. Pero en el fondo, todo tiene un origen económico. Quieren más y más lana porque la autonomía que abanderan, es sinónimo de opacidad en la rendición de cuentas, por más que “abran” sus finanzas por medio del INAI, porque las partidas con que cuentan para “completar” sus salarios no se justifican, aunque se publiquen en el portal de transparencia.

Al negarse a este ejercicio se enfrentan a la decisión que el Tribunal de la materia deba emitir ante el recurso de queja interpuesto por la Cámara de Diputados; a la de la Corte, después de hacer válidos los apoyos ciudadanos y que los conmine a realizar la consulta; a consecuencias penales por encuadrar varias conductas enunciadas en el Código Penal Federal y la propia Ley General en Materia de Delitos Electorales (en este último caso, tratándose de delito grave, sin derecho a fianza) y, para cerrar con broche de oro, a un Juicio Político impulsado desde la bancada de Morena en el Senado.

El INE está en contra de la democracia y del pueblo de México y eso no lo pueden negar, a pesar de sus formas elegantes de tratarnos como imbéciles ignorantes de los alcances de nuestro derecho a decidir. Es tiempo de demostrarles que no solo sabemos qué queremos y a dónde vamos, sino de tomar la democracia en nuestras manos, si es lo que se requiere para llevar esta consulta adelante.

Twitter:@cevalloslaura