Impedirán la protesta social en Argentina

Buenos Aires. El inmediato rechazo de organizaciones sindicales, sociales y de políticos agravó la tensión visible ante los aumentos de precios y los decretos gubernamentales a sólo cinco días de asumir el gobierno del ultraderecista libertario, Javier Milei, tras el anuncio de ayer de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich del protocolo para el mantenimiento del orden público, que se aplicará para impedir los piquetes y/o las manifestaciones con bloqueos de calles, los cuales serán reprimidos por las cuatro fuerzas: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), además del Servicio Penitenciario.

Van a intervenir ante cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no. Nosotros la vamos a cumplir, comenzó Bullrich, en la enumeración de los puntos del protocolo.

Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso, expuso la ministra, quien sostuvo que “el propósito de este pautado es cumplir la ley, como dice el presidente: ‘El que las hace las paga’”.

Milei impulsa ley antiprotestas

En su primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, es decir sin mediar orden judicial, sólo en caso de detenciones, ya que contarán con el respaldo de este protocolo que determina que las fuerzas podrán actuar de acuerdo con los códigos procesales vigentes, si hay un delito de acuerdo con la Ley de Flagrancia, informó la funcionaria.

Adelantó que planean mandar una propuesta de ley al Congreso que consolide las nuevas reglas, lo que sin duda será muy difícil de aprobarse.

Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia, indicó Bullrich y agregó que la intervención de las corporaciones de seguridad se organizará de acuerdo con la zona del conflicto: Habrá sitios en los que actúen las fuerzas federales y otros donde corresponda a las agencias locales.

El protocolo busca coordinar el plan para que toda la vía pública esté custodiada ante las protestas.

A esto se añade la vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. En estaciones de trenes, a aquellas personas que lleven materiales (entre estos carteles o comunicados) les serán incautados, así como palos u otros instrumentos y no se permitirán las caras tapadas o formas de vestimenta que eviten la identificación de personas.

En caso de arrestos, la autoridad de orden público pedirá la intervención de la justicia. Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente, como en casos de daño ambiental, que sucede en la quema de llantas, la cual genera una situación dañina al ambiente y a la gente, explicó la funcionaria.

Por otro lado, en caso de que niños y adolescentes participen en la movilizaciones, intervendrán los organismos competentes, como el Ministerio de Capital Humano, y se sancionará a los tutores o acompañantes adultos.

Pero lo novedoso es que por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se enviará la factura a las organizaciones o a los individuos responsables.

El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que hacerlo las organizaciones que tengan personería o los individuos organizadores. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones, precisó la ministra, quien ocupó también la cartera de Seguridad durante el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).

Además, se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y sistemáticamente se identificará a los voceros. El anuncio complementa lo establecido por el protocolo de seguridad, que se comunicó durante la mañana: busca dar un marco para organizar el cuidado de la vía pública. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto (…) es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto.