Entra en vigor la ley de amnistía en España
El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, finalmente publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley general de amnistía, creada ad hoc para los líderes, militantes y simpatizantes del separatismo catalán que tienen procesos judiciales abiertos por su participación en el proceso de independencia fallido que culminó en octubre de 2017. El periodo que abarca la ley, en el que se incluyen delitos que van desde la desobediencia, la rebelión y la malversación, abarca desde el año 2011 hasta la fecha. Varios tribunales de justicia ya iniciaron los trámites para la aplicación de la nueva legislación, que beneficiará a varios centenares de personas.
A pesar de que la ley de amnistía superó el último trámite parlamentario desde el pasado 30 de mayo, el Ejecutivo español decidió ralentizar el proceso de su entrada en vigor ante el temor de que le perjudicará electoralmente en los comicios europeos del pasado domingo. Pero una vez celebradas las votaciones, la ley se publicó en el BOE, después de haber sido firmada por el rey Felipe VI, en su calidad de jefe del Estado, y tras su notificación en el Boletín Oficial de las Cortes.
Una de las primeras reacciones a la entrada en vigor fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de iniciar los trámites y preguntar a la Fiscalía General del Estado de la manera de proceder para anular las causas abiertas contra los ex presidentes catalanes Artur Mas y Quim Torra, que tenían varios procesos abiertos por desobediencia y malversación de caudales públicos.
También, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye el caso contra el ex presidente Carles Puigdemont, le inquirió a la fiscalía la forma de actuar en este caso concreto y advirtió que mantenía vigente la orden de detención en su contra ya que, a su juicio, la ley no incluye uno de los delitos de malversación por el que está siendo investigado Puigdemont.
Además, el gobierno catalán, presidido por el independentista Pere Aragonés, que se encuentra en funciones y a la espera de que se elija a su sucesor, decidió eliminar de oficio todas las sanciones de carácter “leve y grave” que tengan que ver con el proceso de secesión y que se hayan realizado con base en la aplicación de la llamada “ley mordaza”.
Otro movimiento judicial que provocó la entrada en vigor de la ley fue el realizado por el Tribunal de Cuentas, que es donde se reclama a varios líderes separatistas la devolución del dinero malversado, que decidió llevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es donde finalmente se decidirá si procede o no la anulación de las multas.
