El pecado de Rosario Robles
Por Ricardo Homs
La ASF, -Auditoría Superior de la Federación-, que dirige David Colmenares no entiende que la justicia debe ser equitativa, -y si por algún delito se castiga a alguien-, entonces debe actuar del mismo modo en todos los casos similares.
En diciembre un tribunal absolvió a Rosario Robles de las acusaciones por la Estafa Maestra. Sin embargo, la ASF promovió un amparo contra esa sentencia absolutoria y a la vez voltea hacia otra parte respecto a la superestafa de Segalmex, responsabilizando a mandos subalternos como René Gavira, que ya está enfrentando un proceso judicial con otros veinte funcionarios de esa dependencia.
Sin embargo, no se ha actuado en contra de Ignacio Ovalle, quien del 18 de enero del 2019 al 19 de abril del 2022 fungió como su director general, en el periodo en que se generó la gran estafa de Segalmex.
Según consigna Wikipedia, Ovalle cuenta con 22 denuncias en la FGR lo cual equivale a 8,636 millones pesos, sólo durante el 2020.
Ovalle fue director general de Segalmex y es amigo muy cercano del presidente López Obrador, quien públicamente lo ha exonerado, sin tener las atribuciones jurídicas para hacerlo.
El monto del desfalco triplica el de la Estafa Maestra. Los veinte detenidos no tienen la capacidad de responsabilizarse de esta exorbitante cifra y por tanto, son un distractor frente a la sociedad.
La ASF parece ser que sigue instrucciones del Palacio Nacional. Para este gobierno la justicia es tuerta.
El verdadero pecado de Rosario Robles no es la “estafa maestra”, sino haber participado en la trampa que el empresario argentino Carlos Ahumada preparó a René Bejarano, cercano colaborador de quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México y hoy presidente de la república, en el caso denominado popularmente “el señor de las ligas”.
Los agravios no se olvidan y se convierten en la verdadera esencia del combate a la corrupción de la 4T.
La justicia en México trae un vicio de origen, pues permite que quien tiene poder, manipule la ley a su favor.
Los dos casos han tenido tratamiento altamente diferenciado para un delito similar, como fue el desfalco de la “estafa maestra”, durante la gestión del presidente Peña Nieto, por más de cinco mil millones de pesos, de lo cual se responsabilizó a Rosario Robles, -como titular de la Sedesol-, llegando a estar en prisión durante dos años, mientras la estafa de Segalmex suma entre doce y catorce mil millones de pesos y no se ha responsabilizado a su director general Ignacio Ovalle.
La politización de los delitos relacionados con corrupción genera discrecionalidad por parte de las autoridades que deben castigar este delito.
Las denuncias por delitos administrativos cometidos en el ejercicio de cargos de la administración pública, -como es la corrupción-, sirven para descarrilar campañas de los opositores al gobierno en turno, extorsionar legisladores amenazándolos con armarles un expediente si no apoyan las iniciativas oficiales, así como para ejercer venganzas políticas, o simplemente para vulnerar la reputación de un adversario político. Todo esto en la presunción de que durante su trayectoria anterior dentro del sector público, el investigado pudiera haber cometido omisiones, errores administrativos o franca corrupción.
Este tema se vuelve crucial durante las próximas campañas electorales y el Congreso al recibir las iniciativas presidenciales en el tiempo que resta a su sexenio.
¿A usted qué le parece?
