El 8M y el poder de la mujer
Por Ricardo Homs
La conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” nos muestra una terrible realidad. Varias de las entrevistadas a lo largo de la marcha de 8 M manifiestan que siguen esperando justicia porque fueron víctimas de intentos de feminicidio y las autoridades que recibieron sus denuncias no han actuado.
Las historias de abusos son variadas, pero todas confluyen en un solo problema: la sociedad no ha cambiado su actitud frente a la mujer. Es cierto que hoy hay más conciencia respecto a los derechos de la mujer. Sin embargo, estas convicciones solo se manifiestan a nivel de opiniones, pero la conducta cotidiana sigue siendo la misma: inequidad y abuso.
Sin embargo, aún considerando todas las circunstancias que hablan a favor de un avance social, en realidad vemos que sólo se trata de respuestas socialmente correctas, pero que no reflejan la actitud real, -anclada en el inconsciente-, que ocasionalmente, -ante un estímulo de gran significado-, puede detonar una acción violenta.
Es el mismo caso de la discriminación étnica en México. Por condicionamientos educativos en nuestro país oficialmente no existe discriminación racial, ni de clase. Sin embargo, es tolerada y nuestra vida cotidiana nos muestra que el racismo está arraigado en el inconsciente colectivo.
Igual que la pigmentocracia está presente en las oportunidades laborales, la aceptación social y muchas de las vinculaciones entre los mexicanos, la discriminación por género está presente en todas las dimensiones de la vida cotidiana; hay estudios que muestran que las mujeres ganan 28 por ciento menos que los hombres, desarrollando las mismas actividades.
En los “usos y costumbres” aún vigentes en las estructuras sociales de comunidades indígenas está arraigada no sólo la discriminación hacia la mujer, sino el abuso, la violencia y el sentido de propiedad, como si fuese objeto.
Hoy en la era de las redes sociales y la televisión la sociedad mexicana se asombra de esta realidad cotidiana para un importante sector de la sociedad mexicana.
Sin embargo, realizar el cambio de mentalidad y la asimilación de nuevos valores no sólo sociales, -sino también morales-, quizá represente esperar la evolución de varias generaciones.
Sin embargo, además de los cambios sociales requeridos, hay acciones inmediatas, -de tipo jurídico-, que pueden instrumentarse.
Una parte de este problema lo estimula la impunidad.
Los ministerios públicos, -que son la instancia que recibe las denuncias-, generalmente no dan importancia a la violencia en contra de la mujer y archivan los expedientes. Desestiman la violencia doméstica como un asunto no grave. No consideran la posibilidad de que la agresión suba de nivel y culmine en un asesinato.
Otras veces quienes reciben las denuncias en los ministerios públicos se esfuerzan por convencer a las víctimas que no denuncien y mejor negocien con sus agresores.
No nos confundamos, las agencias de los ministerios públicos no dependen del Poder Judicial, -que es encabezado por quien preside la SCJN y la Judicatura Federal-, sino que son parte de las fiscalías, tanto de cada uno de los estados, como en el caso federal, de la FGR, hoy muy cercana al Poder Ejecutivo.
La atención inmediata de la violencia doméstica por parte de las autoridades tendría un efecto preventivo, -disuasivo-, que evitaría que la agresividad evolucionase hasta el asesinato, como sucede.
Por tanto, es urgente castigar la indolencia y falta de seguimiento por parte de funcionarios públicos a cargo de perseguir el delito y brindar seguridad. Sólo penalizando la irresponsabilidad de las autoridades podremos disminuir este grave y sensible problema.
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