Dos espías en Segob

Por Ángel Álvaro Peña

Las oficinas de la Secretaría encargada de la política interior del país están infiltradas por oscuros personajes que informan a personajes que los manipulan desde la clandestinidad, desde la oposición o desde las alturas del poder político en México.

Debió llegar una secretaria para que en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se descubrieran los infiltrados que saboteaban los trabajos de esas oficinas de las que se encargaba Alejandro Encinas, quien renunciara a su cargo para unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

El 12 de octubre fue despedida de dicha subsecretaría Karla Quintana, encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien ha sido acusada de alterar el número de víctimas. Con una clara consigna, la funcionaria fue descubierta aumentando el número de desaparecidos para demostrar que en el actual sexenio hay más desaparecidos que en otros anteriores. Situación que llamó la atención del propio Encinas, quien ordenó realizar una auditoría sobre el caso, descubriendo que había una alteración sin justificación en el número de personas no encontradas en el país.

Entonces el Presidente anunció un censo para depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, mediante el cual se mostraría la cifra de casos de desaparición porque, según el primer mandatario, algunos de los que fueron registrados no se borraron de la base de datos.

Para ello, algunos funcionarios de la CNB, de comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación, acompañados en algunas ocasiones por elementos de la Guardia Nacional, visitaron los domicilios de personas desaparecidas para verificar que no estuvieran ahí.

Esto ocurrió en cinco estados, por lo menos, y el argumento que les dieron a sus familiares fue que sus desaparecidos aparecieron en los registros de vacunación contra COVID-19.

Por si esto fuera poco, hubo un espía enemigo del gobierno federal que operaba en las oficinas dedicadas a esclarecer el caso de Ayotzinapa, era el fiscal especial para el caso de los normalistas desaparecidos, por alteraciones y omisiones que encubrían a los culpables, dejando sin coherencia algunas de las investigaciones, de ahí que al momento en que diera su informe Encinas, parecía que tenía semejanza con la verdad histórica, presentada el sexenio pasado.

El espionaje en la Segob no empezó ayer, pero tampoco se limita a estas dos oficinas, existe un proceso bien orquestado de infiltraciones que se realiza desde el propio Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ahora a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos, quien ha vivido, desde el sexenio de Vicente Fox, del cuento de la defensa de los derechos humanos.

Por un lado, la habitual irresponsabilidad de este Mecanismo para evitar las muertes de los comunicadores se suma a la burocratización de los funcionarios públicos que están anquilosados en esas oficinas desde el sexenio pasado, y su actitud de quedar bien con los funcionarios de la actual administración, “para ajustar gastos a la austeridad republicana” que creó la actual administración, fueron el panorama que creó una serie de fatales consecuencias.

Se trata de una mafia enquistada desde que inició el Mecanismo en 2012, en la presunta protección a los defensores de los derechos humanos, a través de un grupo de burócratas denominado Junta de Gobierno de ese Mecanismo, de donde ya despidieron a dos de sus cabecillas por la ineficiencia y por no poder detener la muerte de los compañeros, Jorge Ruiz y Luis Pablo Ballesteros, Coordinador de Evaluación de Riesgos en el Mecanismo; es precisamente de ese lugar donde se desactiva la protección y se violenta los derechos de los protegidos, porque de ellos depende otorgar o retirar los servicios, incluso pueden violentar amparos y dar protección de manera discriminada.

Ahora, con la modalidad de la infiltración de los escoltas se retira con mayor facilidad el servicio y se convierte en un simple requisito burocrático que no garantiza la integridad física de los defensores de derechos humanos y mucho menos de los periodistas.

En lugar de que el Mecanismo se convierta en un ente que prevenga los asesinatos de periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, se volvió una oficina de obituarios donde se publicaban, eso sí puntualmente, los pésames a las familias de los muertos. En lugar de que el asesinato de cada una de las víctimas tuviera una consecuencia en la administración del Mecanismo, los funcionarios quedaban en libertad de repetir su actitud de indiferencia al respecto.

Nadie duda que en este proceso haya espías que distorsionan los objetivos y distraen con cifras alteradas, las consecuencias de su irresponsabilidad, lo que sí es cierto que los protegidos por el Mecanismo forman parte de los personajes espiados por sus propios escoltas, quienes dan santo y seña de la vida privada de los comunicadores que deben defender.

La subsecretaría que estaba a cargo de Alejandro Encinas mostró su vulnerabilidad y la falta de vigilancia y rigidez de las altas autoridades de la Segob, porque se infiltraron dos personas enemigas de la actual administración que echaban a perder el trabajo bien intencionado.

Debe tomarse en cuenta que dentro de las tareas de los escoltas del Mecanismo está la de resguardar no sólo a defensores de derechos humanos y periodistas, sino jueces del Poder Judicial que, al ser escuchados por los miembros del Servicio de Protección Federal, que superaron al Cisen en cuanto a conocer detalles de los protegidos para entregarlos a un origen desconocido, ponen en peligro decisiones esenciales para el buen desarrollo de la justicia del país.

Ahora que llega Arturo Medina Padilla, (quien se desempañaba como Procurador Fiscal) a la Subsecretaría, debería regresarle a la misma la trascendencia que debe tener, sobre todo en un proceso de transformación donde se asegura que el ciudadano debe ser primero.

Lo cierto es que es tiempo de infiltrados donde todos espían a todos, más aún cuando se acercan las elecciones y los ciudadanos que deben ser protegidos por instancias de gobierno como es el Mecanismo están más vulnerables que nunca, porque es el mecanismo el que debe dar certeza en lugar de colocar en la línea de fuego a los que debiera salvaguardar. No se trata de una dádiva ni de algún favor el hecho de tener protección sino de un derecho que se ha ganado a fuerza de sangre de los compañeros caídos en cumplimiento de su deber, cuando ejercen su profesión que sirve para crear conciencia sobre la realidad de un país, cuyas autoridades no respetan la vida humana, ni siquiera la que, por la memoria de los muertos, deben resguardar.