Digitalización, paso al futuro

Por Ángel Álvaro Peña

Quienes cuestionan la modernización tardía debieran estar conscientes del rezago acumulado en la administración pública, responsabilidad de la burocracia en todos los niveles de gobierno. Desde el Presidente de la República hasta los empleados de menor nivel, eran trabajadores que se tomaban su tiempo. Si el alto mando de la burocracia trabajaba poco, pensaban que ellos no tenían por qué trabajar ocho horas efectivas, y la burocracia pasó de ser un gremio para convertirse en un adjetivo, por lo regular ofensivo.

Para que se notara el cambio de la Cuarta Transformación en la administración pública debieron trabajarse muchas horas extras, la gran mayoría sin pagarse.

Ahora, la presidenta electa sabe que la modernización es parte esencial de la Transformación, por lo que anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal, que encabezará José Antonio Peña Merino.

De inmediato los rumores comenzaron a surgir, como hongos, desde donde la oposición suele verter su visión muy particular de la realidad y señaló que esa nueva instancia del gobierno tenía como objetivo cobrar más impuestos o presionar a los deudores. Los mecanismos de pago y cobro del SAT están no sólo definidos desde hace años sino precisados y acordes al respeto de los derechos humanos.

Acostumbrados los contribuyentes a que modernización implicaba un gasto a cargo de sus impuestos, esta agencia tiene el objetivo de hacer más eficiente la administración pública, no adelgazarla ni mucho menos castigarla.

José Antonio Peña Merino creó y dirigió la Agencia Digital de Innovación Pública al inicio de la Jefatura de Gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum, a él se le atribuye la modernización de la administración de la Ciudad de México, de la que nadie habla a pesar de ser evidente su transformación.

La ex jefa de gobierno aclaró el objetivo de dicha agencia: “juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno que nos permitan hacer una verdadera transformación digital en el país, tanto hacia adentro del gobierno, que nos permita agilizar los trámites, como hacia afuera del gobierno, que permita una mejor relación con el sector productivo y todos los sectores de nuestro país y con la ciudadanía”.

Con ello quiere obtenerse “el 50% de disminución de trámites, 50% menos tiempo, 50% menos requisitos y 80% de procesos digitalizados”, aseguró la presidenta electa.

Un trabajo que hace evidente el rezago pero que, al mismo tiempo, hace urgente su implantación y que mejor que en manos de expertos.

Peña Merino es considerado la mano derecha de la presidenta electa en materia de digitalización de información y trámites para mejorar el desempeño del gobierno en favor de los ciudadanos.

José Peña Merino es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, donde también se especializó en Economía Política y Metodología Cuantitativa.

Fue profesor en el CIDE en la maestría de Periodismo y Políticas Públicas, así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es cofundador de la organización Data Cívica, dedicada al aprovechamiento de datos e información como herramienta de protección y salvaguarda de los derechos humanos. También fundó la empresa Data4.MX, que genera y analiza datos a gran escala.

Si la formación es buena el proyecto es mejor. La inercia de las críticas de algunos medios se ha dedicado a tener en los futuros funcionarios públicos una especie de tiro al blanco. Donde al anunciar su próxima responsabilidad adjuntan como si se tratara de delincuentes, todo lo que de malo se ha hablado de estas personas. Son exhaustivos para buscar errores y lados oscuros pero se olvidan de su responsabilidad central que es el periodismo de investigación que prácticamente brilla por su ausencia.

A pesar de esta búsqueda en los anales de la función pública de los medios y hasta de los juzgados, en el caso de José Peña Merino no encontraron anda. No hay queja siquiera de su conducta ni de su posible ineficacia.

Desde el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, creó y dirigió la Agencia Digital de Innovación Pública. El 30 de noviembre del 2023 renunció para sumarse al proyecto de la presidenta electa.

La exposición que ahora hacen los medios contra los futuros funcionarios es inédita en la historia de los medios. No dan a conocer su trayectoria y les desean suerte como en regímenes anteriores, los colocan en la línea de fuego. La redacción de su historial muestra la manera de ubicarlos como personajes negativos a la sociedad y no futuros servidores públicos, a pesar de que la gran mayoría carece de antecedentes poco recomendables.

Desde luego, que habrá funciones nuevas para funcionarios con experiencia, como es el caso de Raquel Buenrostro, ex secretaria de economía, a quien tienen como enemiga los distribuidores e intermediarios de los medicamentos, sobre todo los que combaten el cáncer en los niños.

Porque fue ella quien desenmascaró esa campaña que Israel Rivas, líder de los padres de niños con cáncer, quien unas veces decía que era hijo suyo el que carecía de medicamentos y luego decía que era niña, siempre con nombres diferentes. Ahora es un candidato perdedor por el PAN en las elecciones de Chiapas. Era un personaje más de los chantajes que contó la derecha durante todo el sexenio. Todo un farsante, sostenido por los encarecedores y especuladores de los medicamentos.

Así, Raquel Buenrostro va a encabezar la Función Pública, para meter en cintura a los malos servidores, y castigarlos severamente ante un posible desvío de actividades y conductas.

Así puede haber enemigos casados, pero no corruptos. Contrincantes odiados, pero no delincuentes de cuello blanco.

Dentro de este esquema está José Antonio Peña Merino, sin sombra que le pisen y con mucho trabajo por delante.

PEGA Y CORRE.- A pesar de que la reforma al Poder Judicial viene anunciándose desde hace más de un año, que hay foros públicos de discusión y debates con especialistas, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dice que una reforma apresurada al Poder Judicial puede ser peligrosa para las víctimas. La única sorprendida parece ser ella…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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