Araly: la evidencia de un negro pacto
Por Luis Ramírez Baqueiro
“Lo difícil no es subir, sino, habiendo subido, seguir siendo el mismo”
– Jules Michelet –
Esta historia se remonta a mediados del año 2020, cuando Veracruz se preparaba para el desarrollo del proceso electoral del 2021, mientras el partido mayoritario garantizaba una aplastante victoria en la elección intermedia del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la oposición construía una coalición que le permitiera ser lo más medianamente competitiva posible.
En ese esfuerzo de construcción se vieron inmiscuidos tres personajes, quienes a la postre limaron diferencias y construyeron la denominada coalición Va por Veracruz, compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
Sus dirigentes, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez mantuvieron muchas horas y encuentros para la consumación de la hazaña.
En paralelo, la demanda de garantías políticas de paz y orden para el desarrollo del proceso electoral –por cierto, el más violento y sangriento en los últimos años- obligó a los dirigentes partidistas abrir el canal de comunicación con las autoridades estatales vía la Secretaría de Gobierno.
Fue así donde comienza el entramado de esta historia que hoy tiene en la palestra nacional a una presunta trabajadora de la educación convertida en potentada empresarial en la persona de Araly Rodríguez Vez.
El actor denunciante de la historia de la trabajadora de la SEV a la que el Gobierno del Estado le hubiese favorecido con la entrega de más de 35 contratos por adjudicación directa de cerca de 50 realizados y que hubiese beneficiado con más de 100 millones de pesos, ha sido precisamente Marlon Ramírez Marín.
Quien habría obtenido la información de las mismas entrañas del gobierno transformador, vía el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con quien se sabe mantiene estrecha relación y amistad, desde el año 2020, cuando se abrió al diálogo con los partidos de oposición.
En su momento, se pudo confirmar que la interlocución lo mantuvo de manera permanente con el dirigente del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés –a quien utilizó para intentar impedir que los Yunes de Boca del Río tomaran el control del partido- y con Marlon Ramírez, con quien mantuvo negociaciones secretas.
Pero ¿quién o quiénes entregaron los datos al dirigente estatal del PRI y por qué? Son algunas de las preguntas que comienzan en paralelo a surgir.
Hoy gracias al trabajo de la periodista Claudia Guerrero Martínez se ha podido saber del entramado, que desnuda de cuerpo entero al beneficiario de dicha denuncia políticamente hablado.
Y es que, en política, nada es casualidad, todo tiene un sentido y un porqué, solo es cosa de descubrir el hilo conductor para dar con los datos que lleven a los actores materiales de la acción.
De esta manera, el daño generado a la administración de Cuitláhuac García Jiménez ha buscado implicar directamente a personajes ligados de manera cercana con el mandatario veracruzano.
Nombres como el de Eleazar Guerrero, Zenyanzen Escobar García, José Luis Lima Franco son la confirmación de que la acción concertada por la mente maestra tiene como único objetivo perjudicar la imagen del gobernador García Jiménez, dañándole e impidiéndole tener en dichos personajes a posibles actores políticos para el próximo proceso electoral.
El daño económico causado a la administración estatal por la entrega de dichos contratos es lo que menos ha importado al autor de la acción, sino el pretender enlodar la imagen del mandatario, para con ello, cooptar a sus actores políticos en el manejo y operación del recurso.
Ha quedado evidenciado que Marlon Eduardo Ramírez Marín habría recibido del mismo Eric Cisneros Burgos la información, para con ello, mostrar claramente que es él y solo él quien opera desde el Congreso a su favor.
El proceder del priista habría sido ya descubierto por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín quien lo mantendría en una especie de veto legislativo, sabedor que sus acciones sólo buscan perjudicar el trabajo legislativo del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez aparentando vender verdades a medias.
Por principio de cuentas, el mismo legislador solo ha hecho mediáticos los señalamientos, pues hasta ahora no ha presentado denuncia alguna en la Fiscalía General del Estado (FGE), por cierto, controlada por Verónica Hernández Giadáns -la otra aliada del propio Secretario de Gobierno-, o en la Fiscalía General de la República, donde tendría impacto en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que el mismo Marlon Ramírez reclama en entrevistas.
La evidencia irrefutable de un negro pacto, uno que por la naturaleza misma de quien sería el autor intelectual obliga a cuestionarnos si más que un aliado Marlon no se dejó besar por el mismo diablo.
Al tiempo.
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