Reconoce Corte violencia contra periodistas, pero niega amparo a comunicadora para reforzar su protección
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este jueves la violencia que enfrentan los periodistas en México; sin embargo, negó el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez, víctima de desplazamiento forzado y amenazas, quien impugnó las medidas de protección que le otorgó el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por considerarlas insuficientes para garantizar su seguridad.
Por cinco votos contra tres, el Pleno negó el amparo y declaró constitucional el artículo 57, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al concluir que la comunicadora presentó un día después del plazo de 30 días naturales previsto en esa disposición para impugnar las medidas de protección.
Sin embargo, la sentencia sobre el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf dejó claro que la periodista y que las víctimas pueden solicitar en cualquier momento la revisión de sus medidas de protección ante cambios en su situación de riesgo.
“La señora tiene abierta la posibilidad de volver a solicitarlo; o sea, está abierta esa posibilidad y esa posibilidad está abierta en cualquier momento”, dijo la ministra María Estela Ríos González.
En contra del proyecto votaron tres ministros, entre ellos el presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien recordó el reciente caso de Roxana Guzmán en Veracruz, asesinada tras grabar su propia detención por parte de un grupo armado.
“No debemos de perder de vista la situación que viven los periodistas en el país. No hace mucho, se dio cuenta, pues en los medios como una periodista, incluso grabó el momento en que fue detenida y pues la noticia es que fue asesinada. En este caso estamos frente a una mujer periodista, con dos hijas que tuvo que cambiarse de ciudad e incluso refiere que tiene una enfermedad que de pronto le paraliza las piernas, tiene dificultad para caminar”, expuso.
Susana Gómez solicitó en 2019 su incorporación al mecanismo, luego de que recibió amenazas por parte del Cártel de Santa Rosa de Lima por su labor periodística. Estas le fueron otorgadas e incluyeron la reubicación temporal con sus hijas, alojamiento, alimentación, acceso a internet y un botón de asistencia.
En noviembre de 2023, la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobó un nuevo plan de protección que la periodista consideró insuficiente, por lo que presentó un recurso de inconformidad. Éste fue desechado por extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de 30 días previsto en la ley. La comunicadora promovió entonces un amparo, que le fue negado por un juez de distrito en diciembre de 2024, al considerar razonable dicho plazo. Tras un recurso de revisión, el caso llegó a la Suprema Corte para analizar la constitucionalidad de esa disposición.