Organizaciones solicitan a CIDH vigilar desplazamiento forzado interno en México
Organizaciones civiles y víctimas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile la situación de desplazamiento forzado interno en México, debido a que esta problemática persiste “y se ha expandido” en el país, ya que entre 2016 y 2024 –afirmaron– se documentó que 390 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Aunque reconocieron que si bien hay esfuerzos de las autoridades con la creación de legislaciones “subnacionales” e instrumentos jurídicos, a nivel federal no se cuenta con una ley para hacer frente a este flagelo. Además, subrayaron que el principal desafío es la “articulación efectiva” de las herramientas existentes para garantizar los derechos de las personas desplazadas.
En audiencia pública realizada este viernes, el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos” y el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Uia), entre otros, también plantearon al organismo internacional que solicite al Estado mexicano información periódica sobre las medidas adoptadas para la prevención y atención del problema e inste a que cumpla con las recomendaciones 58 y 59 que le formuló en 2024.
Janeth Carrillo Díaz, representante de la organización, señaló que a la fecha no existe un registro oficial que permita dimensionar la magnitud del fenómeno. Sin embargo, a través del programa lograron documentar que en 2024 se registraron 72 eventos de desplazamiento interno que afectaron a 28 mil 900 personas en tres entidades federativas.
Al año siguiente, indicó, se registraron 15 mil 795 personas desplazadas en nueve estados.
Apuntó que se ha identificado una reconfiguración de las dinámicas que ocasionan este problemática, pues además de que ocurre por disputas territoriales, expansión de economías ilícitas y presencia de grupos armados, el uso de nuevas tecnologías de violencia como son los drones y explosivos, generan “miedo colectivo” y obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
Advirtió que este fenómeno afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres, niñas y adolescentes, quienes quedan excluidos de los derechos a la salud, empleo y educación.
Por su parte, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, destacó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece las directrices para el diseño de una política integral, medidas de prevención y solución. Asimismo rechazó que los desplazamientos internos sea una situación generalizada en todo el país.
En ello coincidió la embajadora de México en Guatemala, Luz Elena Baños, quien expuso –al citar datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– que de 145 expedientes de queja relacionados con desplazamiento, 97.9 por ciento están concluidos y se han implementado medidas para atender esta situación.
Además, indicó que casi 60 por ciento se concentran en tres estados: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, “por lo que no es una situación generalizada en toda la República mexicana”.
Encinas indicó que en México la situación de movilidad humana es “multidimensional” y reconoció que se requieren políticas públicas diferenciadas para atender a cada población en específico, “generar soluciones duraderas y reparar integralmente a quienes atraviesan una situación de este tipo”.
Al respecto, la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, resaltó el hecho de que las autoridades reconozcan el problema, porque esto da pauta al diálogo y a superar el fenómeno, dado que las víctimas exigen que las políticas actuales se pongan en práctica con eficacia.
En el marco del 195º periodo de sesiones celebrado en Guatemala, Agnes Jiménez Romo, del programa de Derechos Humanos de la Uia, reconoció la creación de leyes “subnacionales” para la prevención del desplazamiento forzado interno y el desarrollo de protocolos de atención emergentes. No obstante, estas medidas operan en un “plano reactivo”; es decir, responden a crisis ya desencadenadas.
A su vez, Rosario Alcázar, directora de Foro para el Desarrollo Sustentable, advirtió que existe una “desarticulación” entre los distintos órdenes de gobierno y hay respuestas “fragmentadas” al fenómeno. Reiteró que la existencia de un instrumento normativo no es suficiente para garantizar la no repetición del desplazamiento forzado.
Por ello, las organizaciones exhortaron al Estado mexicano a avanzar en acciones concretas y garantizar el acceso al derecho al registro nacional de víctimas a las personas desplazadas.
También demandaron que desde el Ejecutivo federal se defina un mecanismo nacional de coordinación, que articule responsabilidades entre federación, estados y municipios “con rutas operativas claras”, y se garantice un presupuesto etiquetado para responder a la problemática.