Comunidades de Chapala exigen transparencia en segundo acueducto hacia Guadalajara
El Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, acompañado de cuatro colectivos y habitantes de comunidades alrededor del cuerpo de agua, denunciaron la falta de información por parte del gobierno estatal para conocer el proyecto ejecutivo y los alcances de la construcción de un segundo acueducto que extraiga líquido del embalse para enviarlo para su consumo en Guadalajara.
Ante la negativa sistemática de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para proporcionar información detallada sobre la obra, las agrupaciones interpusieron un juicio de amparo en el Poder Judicial para exigir el cese de la opacidad y el respeto al derecho humano a la información ambiental.
En rueda de prensa en plaza de Armas, el Frente además de la Sociedad Amigos del Lago de Chapala, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, la Red de Mujeres de Jalisco Defensoras del Agua y el Territorio y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), afirmaron que el gobierno estatal ha priorizado una discusión técnica de infraestructura sobre un modelo de gestión integral que considere al lago como un ser vivo.
Advirtieron que de no haber respuesta formal, realizarán protestas de cara al Mundial de Fútbol, del cual Jalisco es una de las tres sedes en México, pues tienen más de un año buscando información fehaciente que permita aportar sus puntos de vista como directos interesados.
El conflicto central radica en la clasificación de información como «reservada» por parte de la CEA Jalisco, pues luego de tres solicitudes de información presentadas por IMDEC, la autoridad estatal negó el acceso al «Proyecto Ejecutivo para la construcción de la infraestructura del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara: Línea de conducción», una obra adjudicada en junio de 2025.
La CEA justificó dicha opacidad mediante el oficio CEAJ/DJ/UT-07/2026, alegando que la difusión de los datos podría comprometer la seguridad de la infraestructura y la salud pública, argumentos que las organizaciones califican de «genéricos» y carentes de una prueba de daño real y verificable.
Los colectivos denunciantes sostuvieron que esta reserva de información transgrede el artículo sexto constitucional y el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional vinculante que obliga a México a garantizar el acceso amplio y oportuno a la información ambiental.
Señalaron que ocultar estos datos impide conocer los estudios de extracción, los análisis de impacto ambiental y los fundamentos técnicos que justifican un megaproyecto financiado con recursos públicos.
Para habitantes de las comunidades ribereñas, esta opacidad elimina la posibilidad de un escrutinio social y los coloca en un estado de indefensión frente a decisiones que afectan sus medios de vida, como son la pesca, la agricultura y el turismo.
En respuesta a esta situación, el pasado 13 de febrero se presentó el juicio de amparo 91/2026 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, mediante el cual las organizaciones exigen la entrega inmediata de una versión pública del proyecto ejecutivo, el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y el respeto a la participación ciudadana vinculante en la gestión del agua.
Argumentaron que la reserva del proyecto genera consecuencias graves, como la imposibilidad de evaluar la sustentabilidad del nuevo esquema de extracción y el debilitamiento de la rendición de cuentas en un contexto de crisis hídrica regional.
Denunciaron que factores como la contaminación industrial, el uso de agrotóxicos, la deforestación y la gentrificación han sido ignorados por las autoridades, quienes se limitan a debatir sobre «infraestructura vieja».