Tamiahua necesita paz

POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA

La elección extraordinaria de Tamiahua no es un capricho político ni un ajuste menor en el calendario electoral: es la consecuencia directa de una falta grave. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección municipal del 1 de junio de 2025 al acreditar que una candidata a la presidencia municipal rebasó el tope máximo de gastos de campaña, obteniendo una ventaja indebida. En términos simples: hubo delito electoral y el voto tuvo que repetirse.

Por eso, el próximo domingo 29 de marzo, poco más de 16 mil electores volverán a las urnas para renovar la presidencia municipal. Se instalarán 37 casillas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) podría arrojar cifras durante la madrugada del 30 de marzo. No es una elección cualquiera: es la reposición completa del proceso.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva y la 05 Junta Distrital con cabecera en Poza Rica, realiza del 12 al 14 de febrero las visitas de examinación para verificar que los espacios donde se instalarán casillas básicas, contiguas y extraordinarias cumplan con condiciones de accesibilidad y seguridad. Paralelamente, se difunde la convocatoria para observadores electorales, un intento por blindar el proceso con vigilancia ciudadana.

En las elecciones municipales de 2025, donde se disputaron mil 054 cargos en Veracruz (212 presidencias, 212 sindicaturas y 630 regidurías), se registraron 40 agresiones contra actores políticos y siete asesinatos. El OPLE recibió más de 170 solicitudes de protección de candidaturas. La violencia no fue percepción: fue estadística.

Dirigencias del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han solicitado vigilancia permanente y estrategias claras de seguridad para Tamiahua. No es exageración. En el proceso pasado hubo renuncias por miedo, atentados, amenazas directas y asesinatos de candidaturas. La gobernadora Rocío Nahle García reconoció que existen 32 municipios identificados como focos rojos en materia de seguridad electoral.

Tamiahua se convierte así en una prueba doble: legalidad y seguridad. Legalidad, porque la anulación demuestra que el sistema puede corregir cuando se violan topes de gasto; seguridad, porque repetir la elección en un clima de tensión implica garantizar que candidaturas y ciudadanía puedan participar sin miedo.

Hay un dato que no debe perderse: esta elección extraordinaria es consecuencia de una ventaja indebida por recursos económicos. Es decir, el dinero torció la competencia. Si el proceso del 29 de marzo no se desarrolla con vigilancia estricta y piso parejo, el mensaje sería devastador: que las reglas solo se aplican a medias.

Tamiahua no solo elegirá presidenta o presidente municipal. Pondrá a prueba la credibilidad de las instituciones electorales en un estado donde la violencia marcó la elección anterior.