Reforman reglas de contenido nacional en compras públicas para impulsar la industria
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que reformó las reglas para medir y comprobar el contenido nacional en las compras públicas, con el fin de usar el poder de compra del Estado como una herramienta para impulsar la industria nacional y fortalecer las cadenas productivas internas, en línea con los objetivos del Plan México.
La dependencia dio a conocer que este jueves se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica las normas vigentes desde 2010 y su reforma de 2025, las cuales regulan cómo se determina y verifica el contenido nacional de los bienes adquiridos por el gobierno federal, así como en la contratación de obras públicas.
La Secretaría destacó en un comunicado que el nuevo acuerdo “es resultado de un proceso de construcción participativa”, que incluyó mesas de diálogo con distintos sectores que proveen bienes al gobierno, como las industrias textil y de dispositivos médicos. Este ejercicio, señaló, permitió diseñar reglas más realistas y evitar regulaciones “hechas desde el escritorio”.
Uno de los principales cambios es la nueva forma de calcular el contenido nacional. A partir de ahora, este se medirá con base en el costo neto de producción y no en el precio de venta, lo que busca incentivar la participación de fabricantes nacionales, cooperativas y pequeñas empresas. “Esta medida permite que el poder de compra del Estado favorezca una mayor integración productiva nacional”, indicó la dependencia.
Asimismo, se establecen mecanismos más claros para acreditar el contenido nacional. Los proveedores deberán presentar información y documentos que comprueben el porcentaje declarado, con el objetivo de garantizar un contenido nacional mínimo de 65 por ciento y asegurar que “el beneficio de la contratación pública se refleje efectivamente en la economía nacional”.
El acuerdo también fortalece la verificación y el combate a la simulación. La Secretaría señaló que se coordinarán acciones entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control para dar seguimiento a los procedimientos y evitar irregularidades. Incluso, se podrán considerar datos como el consumo de energía eléctrica y agua en plantas industriales para acreditar que la producción se realiza en México. “Se sancionará a quienes obtengan contratos sin acreditar debidamente el porcentaje de contenido nacional”, advirtió.
Las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Antes de esa fecha, la Secretaría iniciará un proceso de capacitación para proveedores y servidores públicos, con el fin de garantizar una aplicación adecuada y transparente. Con estas acciones, afirmó, el contenido nacional “deja de ser un enunciado” y se convierte en una obligación real y verificable.