Alto a las extorsiones disfrazadas de cuotas, exigen productores de Durango

Los sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango demandaron un alto a las extorsiones y cobros de piso disfrazados de “cuotas sindicales” realizadas por operadores vinculados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), organización sindical vinculada al diputado federal morenista Pedro Haces. Afirmaron que quienes se niegan a pagar reciben amenazas, agresiones y represalias.

Expusieron lo anterior en un desplegado llamado “La Laguna de Durango unida contra la extorsión”, en el cual el sector productivo de esa zona señaló que ya no aguantan más.

A la petición se sumaron 13 organizaciones de campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, apicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes.

“Denunciamos con firmeza que continúan las extorsiones y cobros ilegales que siguen amenazando la economía regional a manos de operadores vinculados a la Catem y grupos del crimen organizado”, señalaron en el comunicado publicado en medios locales.

Acusaron que les cobran cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado y por movilización de ganado. Incluso, los intimidan para apropiarse de las obras públicas y privadas.

Les exigen pagos forzados a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios, y existe un control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza.

En el campo, les cobran hasta 20 mil pesos por el riego de una hectárea, hay un control forzado del mercado de silo forrajero y alfalfa con imposición de precios y distribución.

Manifestaron que existe la extorsión sistemática en los alcoholímetros con injerencia de grupos delictivos, entre otros.

Solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, su intervención inmediata para desmantelar la red de extorsión y contubernio que existe en la región de la Laguna.

Pidieron una investigación del gobierno federal por los posibles vínculos de la organización con el crimen organizado, protección a las víctimas y sanción a funcionarios y autoridades cómplices o negligentes.

“Denunciamos la desviación de las funciones sindicales legitimas de la Catem Durango hacia actividades económicas ajenas a su objeto social y la portación de armas de fuego de su cuerpo de seguridad, (porque) rebasan sus atribuciones legales; (además) ejercen prácticas monopólicas e intimidatorias”, abundaron.

Aseguraron que están a favor del proyecto Agua Saludable para La Laguna, una iniciativa clave para el desarrollo regional. Sin embargo, reclamaron una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para la Catem, involucrada en presuntos cobros ilegales, especialmente en el distrito de riego 017.

Revelaron que el impuesto criminal se expande a Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo, Cuencamé y muchos otros municipios.