Adiós al Poder Judicial corrupto
Los mexicanos esperamos que la nueva manera de administrar la justicia sea en realidad justa
Por Ángel Álvaro Peña
Aquellos que se negaban rotundamente a la reforma al Poder Judicial, tienen en el ejemplo de lo sucedido a Israel Vallarta, de pasar 20 años preso sin sentencia, una respuesta que choca con su posición irracional.
Las circunstancias de la detención, el montaje ordenado por Genaro García Luna, condenado a 39 años de cárcel en Estados Unidos, producida por Televisa e interpretada por el primer actor Carlos Loret de Mola, hablan de un sistema judicial podrido.
El caso de la empresa española de distribución y comercialización de energía eléctrica, Iberdrola es también un reflejo de lo que sucedía al interior del Poder Judicial, esta empresa vendió sus 15 instalaciones en México, por no confiar en el futuro Poder Judicial de México. Su complicidad entre la compañía y el viejo sistema Judicial, que termina en menos de un mes, es lo que obliga a esa empresa a abandonar el país, ya que no podría seguir operando de la manera en que lo hizo.
Iberdrola vende a Cox, otra empresa española, por 4 mil 200 millones de dólares 6 parques eólicos, tres parques solares, plantas eléctricas y de gas.
Cox, podrá vender 25 por ciento de energía en el mercado. Recordemos que la iniciativa privada puede contar hasta con el 46 por ciento de la comercialización de energía eléctrica.
Cox, al adquirir las plantas de Iberdrola, no sólo muestra que en México hay certeza jurídica, sino que anuncia que invertirá en el país 10 mil 700 millones de dólares en un lapso de 5 años.
Dejando a la empresa vendedora como poco confiable ante una clara complicidad con el sistema Judicial que agoniza.
Por su parte, la oposición puede comprobar, que, en los hechos su narrativa está fuera de la lógica, que los hechos muestran de manera contundente y expone que la reforma al Poder Judicial no sólo era necesaria sino urgente y que sus banderas empiezan a caerse una por una.
La oposición choca entre el pasado y el presente porque queriendo culpar al ex presidente López Obrador se encuentra que los errores y desvíos tienen que ver con sexenios anteriores, y en los cuestionamientos del presente, encuentra que la postura de la Presidenta de “caiga quien caiga” será una nueva manera de hacer justicia en los diferentes conflictos que se investigan, donde varios miembros de la cúpula de los tres partidos de oposición están implicados.
Porque ahora con el nuevo sistema Judicial, renovado, vemos que el desafuero del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, avanza; así como la investigación del cartel inmobiliario que encabeza el líder nacional del PAN, Jorge Romero, y la facturación falsa por más de 500 millones de pesos destinados al manejo de imagen del líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, son mostrados púbicamente y hay averiguación seria sobre el tema.
Esto nos habla de que la oposición tenía comprado al Poder Judicial desde que era parte del poder, ahora que la reforma caminó, se descubre la complicidad entre corruptos de la administración pública y los corruptos de la toga.
La responsabilidad respecto a la corrupción que había al interior que los jueces y ministros de la vieja guardia intentaron blindarse para evitar ser sancionados por sus actos.
El Consejo de la Judicatura Federal tenía facultades para investigar y sancionar a jueces y magistrados por faltas administrativas o actos de corrupción; pero, la estructura de la Suprema Corte era la misma en la Judicatura, es decir, la presidía una y otra, Norma Piña y sus cómplices, de nada servía esta instancia para castigarlos.
Ministros como José Fernando Franco han admitido que el Poder Judicial no es ajeno a la corrupción y han pedido pulcritud en la conducta de los juzgadores.
No por ya no estar en el cargo en el que delinquieron dejan de ser culpables. Ahí está el ejemplo de dos ex presidentes de América Latina que por fin son juzgados por sus delitos. Álvaro Uribe, de Colombia y Jair Bolsonaro de Brasil, el primero por soborno simple, soborno en actuación penal y fraude procesal; el segundo, por intento de golpe de Estado contra las elecciones que dieron como ganador a Lula da Silva. En ambos casos no se tomaron en cuenta los crímenes de lesa humanidad que cometieron contra sus adversarios políticos.
Desde luego que una ola de ex mandatarios de similar conducta protestaron por su proceso penal, entre otros Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes aseguran que el proceso contra los mandatarios sudamericanos es injusto.
Ahora, la nueva era de la justicia en México debe estar libre de parcialidades y favoritismos, donde privará la frase de “Caiga quien caiga”, sin importar el cargo que tienen o tuvieron ni el partido en el que militan o en la administración donde trabajaron.
Sólo así podrán señalarse a los que actuaron contra México y debe demostrarse que por fin hay legalidad y certeza en el país, luego de siglos en que la justicia era de quien más poder y dinero tenía.
Algunas de las faltas en que incurrían jueces, ministros y magistrados del pasado fueron:
Venta de sentencias, nepotismo estructural; Venta de plazas y promociones, manipulación de expedientes, colusión con el crimen organizado, extorsión a litigantes, Uso político de notarías, falta de transparencia y rendición de cuentas.
Todos estos delitos no solo están documentados en la historia de México sino que existen evidencias de su práctica cotidiana.