Ex consejeros quieren reforma electoral a su modo
Los viejos árbitros de los comicios ahora quieren intervenir en la nueva ley contra pluris
Por Ángel Álvaro Peña
La democracia también es el campo de batalla entre lo viejo y lo nuevo, y el INE de ahora no se parece en nada al de antes, cuando los consejeros electorales, encabezados por Lorenzo Córdova y anteriores presidentes, definían lo que para ellos era la democracia.
A pesar de que se anunció una reforma electoral donde confluyen todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, los afectados , manipuladores de la democracia del pasado, exigen que dicha reforma se haga a través de consultas populares, y hasta por consenso entre instancias de especialistas y el pueblo en general.
Ante esta petición que sólo quieren ganar tiempo, porque el proyecto de reforma electoral empezaría el próximo periodo de sesiones ordinarias, y el año electoral para las elecciones intermedias de 2027, iniciará a finales del próximo año, fecha en la que ya no puede haber cambios a la ley, las pláticas, debates, y decisiones de una reforma electoral podría ser alcanzada por la proximidad del año electoral, que comienza seis meses antes del día de la jornada y termina cuando se entregan todos los certificados de mayoría a los triunfadores en las urnas.
Ante este panorama, ex presidentes y ex consejeros de los institutos IFE e INE se pronunciaron por una reforma electoral en la que se busque el más amplio consenso. Ya se les olvidó que cuando ellos querían modificar las reglas del juego electoral convocaban al Consejo General para añadir o testar lo que llamaban nuevas normatividades con el objetivo de que un grupo de no más de 30 personas reformara leyes, conceptos y hasta reglas en las elecciones. Dichas normatividades tenían alcance nacional, aunque carecían de consenso, porque ni siquiera contaban con el conocimiento de los partidos políticos. Dejaban afuera de sus reformas a los principales interesados y, desde luego al pueblo.
La reforma electoral no sólo es urgente sino que representa una lucha contra el estancamiento de la transformación, que deberá perfeccionarse periódicamente siempre, donde se discutirán dos temas que ponen en peligro la sobrevivencia de más de un partido, porque en la erradicación de los legisladores plurinominales y la reducción del presupuesto a partidos, podría desaparecer alguno de ellos.
Sería necesario que se discutiera aumentar el porcentaje del mínimo de votos para otorgar el registro condicionado de 3 por ciento que ahora rige, a 5 por ciento del total de votos emitidos, debería exigirse mayor representación popular para competir por su alta como partido, de otra manera se estará dando oportunidad a grupos con una corta vida que terminan sólo por chupar el presupuesto de los mexicanos y desaparecer al poco tiempo.
Los consejeros del viejo INE, el que fue defendido por la derecha en las marchas de la marea rosa, el que apoyó a Xóchitl Gálvez, que otorgaba lugares destacados a Claudio X. González, el que convirtió a un ex presidente del Instituto en orador oficial de la oposición, el de los fraudes electorales de 2006. Ese quiere ahora hacer de los partidos desahuciados fuerzas políticas sin ciudadanos, con la esperanza de que revivan, y sólo tienen la posibilidad de darles respiración artificial a través de la representación proporcional, es decir, con la existencia de legislaturas plurinominales que surgieron para dar espacios a una oposición a la que, por autoritarismo, se le había negado su participación en el Congreso. Son otros tiempos, la oposición está representada, el problema es que esa oposición ahora no representa a nadie.
Los dirigentes del PRIAN, nunca pensaron en su larga agonía y consideraron que ganarían elecciones dando la espalda al pueblo; se equivocaron y ahora a través de los fraudulentos ex dirigentes del IFE y del INE quieren tener un espacio para sobrevivir.
Por esta razón, plantearon una reforma “que fortalezca la representación proporcional, garantice autonomía, imparcialidad y profesionalismo de los órganos electorales, y procure que el dinero público y no el financiamiento privado”.
En un desplegado publicado por el fantasmagórico Instituto de Estudios para la Transición Democrática, al que pertenecen los ex consejeros electorales aseveran que la reforma nunca debe ser “una decisión unilateral”.
Si ellos le llaman decisión unilateral al consenso de un Congreso democráticamente constituido y legitimado, entonces desconocemos cuál es la democracia que dicen defender, lo que protegen es el pasado, quieren regresar a los tiempos en los que ganaban elecciones, pero se olvidan que éstas las decide el pueblo y no el árbitro electoral, que mal representaron ellos, a grado tal que debieron salir por la puerta trasera.
El pronunciamiento desesperado fue suscrito por Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg, ex consejeros presidentes del IFE-INE, así como por los ex consejeros electorales Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez.
La batalla que ahora libra Lorenzo Córdova, quien, por ley, no debe participar en actos políticos antes de 5 años de haber dejado de laborar en el INE, es que lo borren de los libros de texto donde lo pintan como un racista y generador de violencia contra los pueblos originarios, por haberse burlado de sus líderes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta donde elevó su exigencia, está en empate para dar a conocer su fallo, y requiere de la participación de otro ministro o ministra, para que decida si su nombre se borra o se queda para que las nuevas generaciones conozcan en los libros de texto, cómo se manejaba el órgano electoral en tiempos del neoliberalismo.
Al respecto el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se manifestó a favor de que haya registro, desde la primaria, que el ahora ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, discriminó desde su trono de la democracia a uno de los 20 millones de miembros de las etnias que hay en México.
La reforma electoral significa poner a tiempo el reloj de la democracia, no regresar al pasado. Desde luego que los afectados hablan de un retroceso, cuando se trata de un avance donde los legisladores en realidad representen a los ciudadanos y quienes compitan por un cargo de elección popular se vean obligados a realizar campañas, donde se ensucien los zapatos y estrechen la mano de la gente con la que, al parecer, no les gusta convivir. Las campañas a través de las redes deben regularse o de plano, exterminarse.
