Las reformas ilegales
<<Suprema Corte de Justicia las declara improcedentes>>
<<El Legislativo no aplicó los procedimientos establecidos>>
<<Invalido el decreto de la Ley General de Comunicación Social>>
Por Miguel Ángel Cristiani González
Respecto a la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar invalidez de la primera parte de las reformas político electorales 22-23, por violaciones al proceso legislativo, hay que destacar que no se debe de confundir la gimnasia con la magnesia.
La Suprema Corte de Justicia no está haciendo ningún cambio al contenido de las leyes impugnadas, lo que está haciendo es simplemente decirle al Legislativo, no estás aplicando las normas y procedimientos establecidos en la ley para aprobar o modificarlas.
En consecuencia no procede su aplicación.
Por eso es importante destacar los puntos que fueron analizados y aprobados por mayoría de los magistrados de la Suprema Corte:
Primero. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.
Segundo. Se declara la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas, publicado en el diario oficial de la federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de la unión.
Tercero. Publíquese esta sentencia en el diario oficial de la federación y en el semanario judicial de la federación y su gaceta.
Notifíquese…
Pero ya también, luego de que se diera a conocer la decisión de la corte que declara la invalidez de la primera parte del paquete de reformas político-electorales 22-23, por violaciones al procedimiento legislativo, el presidente López Obrador en la mañanera de este martes, luego de lanzar una serie de descalificativos a los magistrados, anunció que habrá un “Plan C” para insistir en su capricho.
Lo malo es que así se va a ir con el plan D, el plan E, hasta llegar al plan Z.
El análisis sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo correspondiente, las 9 ministras y ministros que votaron a favor del proyecto presentado por el ponente, ministro Alberto Pérez Dayán, coincidieron en que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
Se determinó la invalidez de las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
Si lo que se pretende es controlar el gasto que las distintas instancias de gobierno federal, estatal o municipal realizan para difundir sus actividades, habrá que empezar por analizar la manera en que se ha venido ejerciendo el gasto en publicidad por parte del gobierno federal.
Porque resulta que lo que todos los días critica el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, de que unos cuantos periodistas son los que recibían los mayores contratos de publicidad gubernamental, pues ahora también hay los “favoritos” que se llevan la mayor parte de los recursos.
Así es que los 10 favoritos del gobierno de AMLO concentran el 50.01% del gasto en publicidad ejercido por el gobierno federal de 2019 a 2021, lo que equivale a 4,325 millones de pesos; el 49.99% de los recursos restantes (4,323 millones de pesos) se ha distribuido entre otros 768 medios de comunicación.
Los medios que más han ganado este sexenio son Televisa, TV Azteca y La Jornada: han recibido 2,552 millones de pesos (29.52% del total). Televisa: 933 millones TV Azteca: 848 millones La Jornada: 771 millones.
Mientras tanto, hay que esperar que se cumpla con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya determinó la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, impugnado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como por el partido político del estado de Jalisco denominado Hagamos e integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
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