Arbitrariedades y favoritismo en la Fiscalía de Tabasco
Por Jorge Evia Ramírez
Todo parece indicar que Tabasco en materia de procuración de justicia, ha dejado de ser un Edén, aquel paraíso terrenal donde se estaba a gusto y se era feliz. Una serie de cuestionamientos a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) y su Fiscalía para el Combate al Abigeato los han puesto en entredicho.
Para el Fiscal General, Nicolás Bautista Ovando no es desconocido que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un Sistema de Justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho, pero al parecer para algunos de sus colaboradores las arbitrariedades y favoritismos pueden estar por encima de la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
Como muestra de lo anterior, ahí está el caso de la familia Lezama Zubieta y el indebido aseguramiento de 267 reses de su propiedad en el Rancho “San Gerónimo”, ubicado en el Municipio de Jonuta; en donde existe evidencia clara y fehaciente de que los presuntos autores del delito pertenecen a la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco en complicidad con algunos particulares. Sería interesante que la autoridad investigadora diera a conocer a las familias y nombres que se encuentran involucrados en este caso.
En la carpeta correspondiente, existen pruebas de que en los acontecimientos sujetos a investigación se distorsionaron, se alteraron, se inventaron y se ocultaron hechos relacionados con los delitos de los que tuvo conocimiento el Ministerio Público.
Dichas acciones, se relacionan estrechamente con la manipulación de los medios de prueba y los obstáculos a la víctima durante el desarrollo de las investigaciones, la alteración de los hechos y para influir en los medios de prueba.
Asimismo, es evidente la dilación en la integración de la carpeta de investigación, unas veces por falta de tiempo, otras aparentemente como una forma de agotar la paciencia de la víctima del delito y otras, premeditadamente, con el propósito de sesgar el resultado de la investigación y las deficiencias en la incorrecta calificación del delito y en el llenado de las actas todo lo cual ha redundado, naturalmente en la impunidad de los delitos
Curiosamente, el 16 de marzo del 2022, el Congreso de Tabasco aprobó una serie de reformas para sancionar el abigeato; cuyo delito puede alcanzar una pena de hasta 18 años de cárcel. De esta manera el estado se convirtió en la entidad ganadera que más castiga este ilícito que es considerado como grave pero en el caso de la familia Lezama Zubieta, ha sido letra muerta.
Los diputados cuando aprobaron dichas reformas, lo hicieron por unanimidad. Así, las penas por abigeato, depende de la cantidad de cabezas de ganado que sean robadas y este caso en lo particular, registra 267 reses.
La modificación a la ley, contempló dotar a la autoridad tanto ministerial como jurisdiccional, del marco jurídico adecuado y suficiente para combatir el abigeato, para sentar las bases para la configuración de una política dirigida a generar “tolerancia cero” al delito de abigeato en todas sus manifestaciones.
Ojalá y los diputados de Morena, Luis Salinas Falcón y del PRI, Fabián Granier Calles, quienes presentaron las iniciativas que motivaron dicha reforma, pongan especial atención a las denuncias derivadas del caso de la familia Lezama Zubieta.
El 17 de marzo del año en curso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco emitió un comunicado fijando su posición al respecto, pero en la redacción del mismo, el Síndrome de la Chimoltrufia se apareció en la redacción del mismo, el cual consiste en que “así como dices una cosa, haces otra”; “como puede que sí, puede que no, lo más probable es quién sabe”.
En el comunicado en comento, se puede apreciar en su encabezado que: “FGE ha dado cumplimiento a sentencia de juicio de amparo por el litigio de semovientes en Jonuta”; sin embargo en entrevista para Telereportaje, José Luis Rodríguez Valadez, Coordinador de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de la Fiscalía General del Estado reconoció que no han podido cumplimentar el mandato del Juez Primero de Distrito, con sede en Villahermosa, Tabasco de regresar a los hermanos Lezama Zubieta las reses que les fueron aseguradas en abril de 2021 en su rancho.
En el comunicado, la Fiscalía General del Estado dijo una cosa, luego el Coordinador para el Combate al Abigeato se desdijo y en los hechos las autoridades se contradicen.
En la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito con sede en la capital del Estado, se ordenó que de manera física se entregaran los animales a Julio César Lezama Zubieta, situación que no se ha dado.
Ante la negativa de la autoridad ministerial o ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el Juicio de Garantías con número de Expediente 352/2021, se encuentra en curso un Incidente de Inejecución de Sentencia ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito con residencia en Villahermosa. Ojalá la FGE deje un día de decir una cosa y al otro una diferente.
Solo nos resta exigir a los órganos de procuración e impartición de justicia en el Estado de Tabasco que cumplan con su responsabilidad; no perdamos nunca la capacidad de indignación y la vocación de rebeldía y firmeza, cuando la potencia ominosa de la realidad nos obligue a ello y el caso de la Familia Lezama Zubieta nos llama.
Twitter: @EVIARAM
