Esa vividora burocracia dorada
Por Francisco Blanco Calderón
Segunda Parte
El llamado Plan B de la Reforma Electoral ha sido objeto de una serie de ataques y de una estrategia claramente diseñada desde la oposición construida a base de falsedades, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: “básicamente, es la eliminación de los privilegios de la burocracia dorada”, pues se suprime el seguro de gastos médicos mayores y desaparecen dos fideicomisos que están en la opacidad y los gastos superfluos de esa burocracia alimentada del gasto público de los mexicanos.
No es cierto que se le quiten facultades al INE o al Tribunal Electoral, por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador, que será regulado por la dirección respectiva del INE, las 16 direcciones del INE se compactan en siete y se reduce el número de vocales de juntas locales de cinco a tres. Al respecto, quienes ocupan el puesto de vocal tienen un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales, aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas. Cuando más del 90 por ciento de los trabajadores del INE no perciben salarios mayores a los siete mil pesos mensuales, sin prebendas como el fondo de ahorro, los gastos médicos privados ni jubilaciones dignas. No se les brinda alimentación en sus funciones, ni traslados, pagos de vivienda o cubrir colegiaturas a sus hijos. Todo a esa burocracia dorada cómplice de los partidos que los impusieron, al financiamiento de las grandes corporaciones de dentro y fuera del país y al respaldo por los medios de comunicación convencionales.
Recordemos que recientemente bajo la presidencia de Lorenzo Córdova, el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó un seguro médico de gastos médicos mayores con un costo de 295 millones de pesos, del cual saldrán beneficiados tanto él, como otros altos funcionarios del órgano electoral, con cobertura hasta 2025, a pesar de que su función al frente del INE termina en 2023. Los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama terminan sus funciones al frente del organismo electoral el tres de abril del 2023. La empresa beneficiada es Seguros Atlas.
“El punto es que la derecha se niega a que le modifiquen un milímetro el jugoso negocio por ella armado durante el régimen neoliberal. Ahora, con el nuevo gobierno, de la nada han surgido asociaciones, grupos y ciudadanos libres inconformes con las modificaciones legales en materia de energía, la cancelación del NAIM, Dos Bocas, Tren Maya, compra de medicamentos en el exterior, revocación de mandato, la consulta popular y muchísimos casos más, casi todos ligados al sucio circuito político-económico-judicial-mediático que pretende constituirse en el verdadero poder en el país y desechar el emanado del voto popular. Toca el turno a las modificaciones contenidas en el Plan B, y como en esta materia no hay amparos entonces la derecha recurre al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (este es el término legal) y lo que se le ofrezca. Eso sí, exige rapidez o lentitud, según sea el caso”. (México SA, Carlos Fernández Vega. La Jornada)
EL PLAN DE DEFENSA
Una andanada de comentarios y opiniones sobre el caso mexicano en periódicos como el New York Times o el Washington Post, apoyados desde México por Reforma, El Universal, El Financiero, los dirigentes de los partidos del Vamos México, PRI, PAN y PRD, sus legisladores, jerarcas religiosos, empresarios nacionales y extranjeros y sobre todo con el respaldo jurídico de jueces y magistrados de los tribunales de Justicia y Electoral de la Nación.
El Lawfare en potencia que se exhibió recientemente en el Foro -España a debate- realizado en Madrid bajo la conducción de ex presidente español José María Aznar, junto a representantes de la extrema derecha de Perú, Bolivia, Argentina y Brasil y de alfileres los expresidentes de México, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, con la evidente ausencia de Vicente Fox dada su incapacidad verbal y mental.
La guerra judicial, estrenada recientemente en América del Sur, se posesiona ahora en México contra Andrés Manuel López Obrador. Guerra judicial alimentada por sus cómplices y financiadores en partidos, diputados y senadores, jueces y magistrados, curas y dueños, junto a sus analistas por contrato, en radio, televisión y prensa.
Derecha, alimentada de quienes quieren conservar sus privilegios perdidos, enloquecida para someter el poder político al económico, como sucedió en el periodo neoliberal. Ultraderecha domesticada por el capital, mustia, hipócrita e incompetente que pretende recuperar al “México de sus amores” sin ideales, solo intereses, sin plan ni proyecto de Nación solo recuperar lo perdido y lo más grave sin liderazgos que puedan competir en el proceso que se avecina en el 2024.
Derecha que recurre a Estados Unidos, como se hiciera antaño con los imperios europeos y recurren al gobierno moderno imperial, legisladores y periódicos para quejarse y pedir otra intervención armada para sofocar la visión popular de la 4T.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha entrado en la polémica sobre la reforma a la autoridad electoral mexicana, el Instituto Nacional Electoral, el INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al secretario de Estado por “inmiscuirse” en asuntos que no le corresponden, luego de manifestar su apoyo a instituciones electorales independientes. asegurando que en México hay más democracia que en Estados Unidos: “Le digo con todo respeto al señor Blinken, del Departamento de Estado, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos”.
Lo más reciente: Blanca Lobo Domínguez, jueza Décima Segunda de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión definitiva al amparo promovido por Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE desde hace cerca de 14 años, de los 30 que cobra en el Instituto.
“Una nueva reflexión” alimentada de moches y prebendas, logró que la jueza moviera de temporal a definitiva la suspensión. Jueces al servicio del capital y del crimen organizado o de cuello blanco, que es lo mismo y se suman las más de 200 impugnaciones que ¿organizaciones civiles? llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para frenar las reformas concebidas en el Plan B de reforma electoral al INE y que pretenden los “derechosos avilones” preservar sus intereses.
Guerra judicial, Lawfare en popa, en este México dividido 80-20, entre pueblo y beneficiarios del neoliberalismo.
